Argentina, sin Ley de Acceso a la Informacion Publica

El Estado tiene el deber de asegurar la transparencia de su gestión. No sólo debe responder ante pedidos de información por parte de los ciudadanos, sino también difundir activamente los datos relevantes. Así lo establece la CIDH, que explicitó en su informe 2009 la obligación de máxima divulgación: “el acceso a la información es la regla, y el secreto la excepción.”

Hoy, muchas dependencias estatales no están cumpliendo con su obligación de informar, un requisito básico para juzgar su gestión. A continuación, una lista de ejemplos:

•En 2008, el Ministerio de Desarrollo Social se negó a brindar información sobre los padrones de beneficiarios de ayuda social, pese a que la Justicia determinó que era una medida arbitraria.
•El Ministerio de Planificación sólo publicó la ejecución de su presupuesto hasta 2008.
•En 2009, el Gobierno canceló la actualización del sitio Mejor Democracia, pasando a la órbita de Jefatura de Gabinete de Ministros, que facilitaba el acceso a documentos de poder estatal.
•En 2010, sólo 2 de los 300 diputados presentaron su declaración jurada, según informa el sitio oficial de la Cámara baja.
•La Oficina Nacional de Presupuesto sólo tiene publicada su ejecución hasta noviembre de 2010.
•El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires no publica estadísticas de criminalidad desde 2008.

Además de presentar información atrasada, muchos sitio no publican datos sobre ciertos temas, o los presentan de maneras que dificultan la compresión. Por ejemplo, la Jefatura de Gabinete publicó -no de manera espontánea, sino como resultado de un pedido de información- el reparto de la publicidad oficial del segundo semestre de 2010. Al hacerlo, no distinguió por el medio de comunicación que se usó, sino por “proveedor”. Muchas veces un mismo grupo mediático figura como varios proveedores, lo que hace necesario un análisis detallado del documento y dificulta la comprensión del destino de los gastos del Gobierno en comunicación.

Según ADC (Asociación por los Derechos Civiles), en el mundo, más de 90 países ya cuentan con leyes de acceso a la información. En América Latina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, México, Honduras, Nicaragua y Panamá, entre otros, cuentan con leyes de acceso a la información. “México y Chile son vistos como modelos en el tema porque tienen organismos dentro de la administración encargados de exigirle a las dependencias la información. Además funcionan como una especie de tribunal, determinando cuándo debe darse o no la información, y sientan así jurisprudencia.”

En Argentina, además del Decreto 1172/2003 (que rige sólo para el PEN, cuando no involucre información sensible o personal), algunas provincias como Córdoba, Buenos Aires, Catamarca, Santa Fe, La Pampa y Tierra del Fuego, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuentan con normativas propias al respecto. Pero no hay un marco legal nacional que facilite el acceso a la información a los ciudadanos de los tres poderes del Estado.

Existe un proyecto de ley sobre acceso a la información pública, aprobado en el Senado -pero sin la media sanción de Diputados-, que va más allá, al estipular la necesidad de una “transparencia activa” por la cual “los sujetos obligados deben mantener la información pública a disposición permanente de la ciudadanía y de forma actualizada.”

Intentos
El primer intento por aprobar una Ley de Acceso a la Información Pública comenzó en el año 2001, cuando la Oficina Anticorrupción (OA) elaboró un proyecto en el que participaron ONGs, periodistas, y funcionarios, entre otros. Fue enviado al Congreso por el presidente Eduardo Duhalde en 2002.

El proyecto se aprobó en Diputados en mayo de 2003. En el Senado fue tratado un año después, cuando se aprobó con una revisión, lo que provocó que fuera enviado nuevamente a la Cámara baja. Allí, las disidencias entre el oficialismo y la oposición impidieron que se transformase en ley y perdió estado parlamentario en febrero de 2006.

A pesar de que la ley no se pudo aprobar, en diciembre de 2003, el presidente Néstor Kirchner aprobó el Decreto 1172/2003, que permite solicitar información al Poder Ejecutivo y a las instituciones que dependen de él.

El proyecto actual
Luego de varios años sin que se tratara el tema, en 2010 el Senado volvió a discutirlo. En septiembre le dio media sanción al proyecto con 38 votos a favor y 26 en contra. Girado a Diputados, no fue aprobado antes del cierre del período de sesiones ordinarias.

En su informe de 2011 sobre Derechos Humanos en Argentina, el CELS señaló las dificultades a futuro para la aprobación de la ley: “Durante el proceso de elaboración y sanción del proyecto en el Senado, y también a partir de los primeros signos de estancamiento registrados en Diputados, los bloques oficialistas de ambas cámaras tuvieron una posición ambigua que puede obstaculizar a corto plazo el avance de la ley. En el caso de la Cámara alta, el proyecto fue aprobado por unanimidad en la votación en general, pero a la hora de los votos particulares los senadores del FPV se pronunciaron en contra de varios artículos”.
En la Cámara de Diputados, el proyecto obtuvo dictamen favorable en las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia. Sin embargo, el proyecto de ley se encuentra frenado en la Comisión de Presupuesto, y si bien este año se intentó tratarlo, el debate no prosperó luego de acusaciones mutuas entre oficialismo y oposición de no querer abordar el tema.

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Fuentes:
La información pública, una cuenta pendiente, por Olivia Sohr, 31-03-2011. En Chequeado.com : la verificación del discurso público.

La Ley de Acceso a la Información Pública, por Matías Miguens. 15-07-2011. En Chequeado.com : la verificación del discurso público.

Informe de la CIDH 2010 sobre Libertad de Expresion

Evaluación sobre la situación de la libertad de expresión en Argentina durante 2010

Lo positivo:

Que el Estado argentino haya reconocido su responsabilidad en la violación de los derechos humanos del periodista Eduardo Kimel, quien había sido condenado en 1999 a un año de prisión en suspenso y a pagar una indemnización por criticar, en el libro “La masacre de San Patricio”, la actuación de un juez. En cumplimiento de la sentencia, el Estado argentino eliminó en 2009 la aplicación de las normas de injuria y calumnia a las expresiones de interés público.

La sentencia de la Corte Suprema en el caso Miguel Ángel Di Salvo contra el Diario La Mañana, que dejó sin efecto un fallo en contra de ese periódico. La sentencia reiteró la aplicación de la doctrina de la real malicia.

La sentencia de la Corte Suprema en el caso Canavesi contra el diario El Día, que revocó una condena contra el periódico, por haber publicado información falsa acerca de una persona particular, con base en datos aportados por una fuente oficial.

La decisión de la Corte Suprema que aprobó el esquema de distribución de publicidad oficial del gobierno de la Provincia del Neuquén. El caso se originó en una acción de amparo presentada por el periódico debido a la suspensión de la publicidad oficial por parte del gobierno provincial, después de la publicación de informaciones que cuestionaban al entonces gobernador de Neuquén, en diciembre de 2002.

El Congreso de la Nación Argentina retomó durante 2010 la discusión de la Ley de Acceso a la Información. El proyecto recibió la media sanción en el Senado el 29 de septiembre y continúa su trámite en la Cámara de Diputados.

La Cámara Contenciosa Administrativa Federal confirmó que la Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación le entrgue a la organización ADC información solicitada sobre el gasto en publicidad oficial en 2009.

La sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, de agosto de 2010, confirmó un fallo de 1ª instancia, de entregar a la ADC la información pública que le fuera negada por el PAMI, en julio de 2009, concerniente al presupuesto en publicidad oficial. La entidad habría negado la información aduciendo que por ser un órgano público no estatal quedaba fuera de la obligación de entregar los datos solicitados.

La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó en diciembre de 2009 la Ley 3391 que regula la producción, contenido, gasto, contratación y distribución de la publicidad oficial de toda la administración pública de esa ciudad. Sin embargo, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, vetó parcialmente la Ley el 25 de enero de 2010.

La resolución del Fiscal de Investigaciones Administrativas de La Pampa, destinada a que el Canal 3 garantice el pluralismo, para lo cual le ordenó apegarse a los estándares internacionales de derechos humanos, fiscalizar el área informativa, reglamentar las funciones de la Gerencia de Noticias y establecer la misión, principios y objetivos de la organización. La resolución fue el resultado de una gestión hecha por empleados de la emisora en la cual denunciaron presuntas prácticas de manipulación, censura, invisibilización de opositores y persecución laboral.

El avance obtenido por la Fiscalía en la investigación por las amenazas e intimidaciones anónimas recibidas por el periodista Ricardo Montacuto, director del portal de noticias MDZ Online. La Fiscalía imputó al Intendente de Mendoza por el delito de “amenazas agravadas” luego de que una investigación judicial encontrara pruebas de que las llamadas se habrían originado en una línea telefónica asignada a ese funcionario.

Lo negativo:
Violencia contra periodistas
Según el principio 9 de la Declaración de Principios, “[el] asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
En este marco, la Relatoría ha recibido información sobre los siguientes hechos:

El asesinato del periodista y dirigente comunal, Adams Ledesma Valenzuela, el 4 de septiembre en un barrio popular de Buenos Aires. Ledesma preparaba la apertura del canal de televisión Mundo TV Villa, que emitiría su señal por cable a hogares de la comunidad. Ledesma había adelantado que pretendía hacer periodismo de investigación para "filmar a los famosos" que llegaban a comprar droga a la villa.

Otros hechos de violencia contra periodistas, que deben ser investigados y sancionados:
-El periodista Dante Gustavo Fernández, agredido por presuntos colaboradores de la Intendencia municipal en la Leonesa, Chaco, golpeado mientras intentaba dar cobertura a una protesta vecinal en reclamo del cese de las fumigaciones aéreas con agrotóxicos en las plantaciones de arroz.
-un incendio intencional destruyó el vehículo del periodista Carlos Villanueva, causó quemaduras a su hijo y produjo destrozos a su vivienda y a la emisora FM Cerrillos 90,9, que funciona en la misma propiedad, en San José de los Cerrillos, Salta. Los perpetradores también sustrajeron un equipo de transmisión que dejó a la emisora fuera del aire. Villanueva volvió a ser objeto de un atentado, cuando desconocidos dispararon contra la vivienda en tres ocasiones.
-Ataque incendiario a la periodista Adela Gómez, en Caleta Olivia, Santa Cruz. Desconocidos rociaron su automóvil con un líquido inflamable y le prendieron fuego. Antes del atentado había cubierto informaciones acerca de presuntas irregularidades cometidas por autoridades locales.
-En diciembre de 2009 un grupo de personas había agredido de palabra, conminado a retirarse e impedido cumplir con su trabajo al camarógrafo Carlos Romero y al reportero Nicolás Ziggiotto, de TV Cable Andalgalá y del periódico El Ancasti. El 15 de febrero, participantes de una protesta anti-minera golpearon y arrojaron al piso a Ziggiotto y al periodista Lucas Olaz y les sustrajeron la cámara de video. Además, el 7 de abril, manifestantes de nuevo habrían atacado a golpes en Andalgalá, en el norte de la provincia de Catamarca, al camarógrafo Carlos Romero.
-Un miembro del Concejo Deliberante de la ciudad de Rosario de Lerma, Salta, agredió físicamente al reportero del diario El Tribuno, Jaime Barrera, como reacción a un artículo crítico del periodista acerca del trabajo de los concejales.
-El periodista de Canal 8, Daniel Villamea, y el camarógrafo Aníbal Romero fueron agredidos por un agricultor y su hijo en Oberá, Misiones, cuando realizaban una investigación acerca de presuntos maltratos a personas que vivían en su propiedad. Los comunicadores sufrieron golpes y excoriaciones varias.

Ataques a diferentes radioemisoras:
-9 de enero de 2010: la antena de la emisora Radio Arco Iris, de Loncupué, Neuquén, dañada por desconocidos.
-2 de julio: desconocidos derribaron la antena de la emisora Amplitud 770, provincia de Buenos Aires, al cortar los cables que la sostenían.
-27 de julio: un incendio intencional a las instalaciones de la radio FM Belgrano, en Junín, Buenos Aires.
-18 de noviembre: el robo del equipo de transmisión de la radio comunitaria FM Nueva Generación en San Martín, Buenos Aires, dejó a la emisora fuera del aire. No se llevaron ningún otro equipo electrónico.
-30 de noviembre: desconocidos destruyeron equipos esenciales para la emisión de la señal, en las instalaciones de transmisión de la Radio Nacional San Martín de los Andes, Neuquén, sin robar nada más. El ataque ocurrió pocos días después de que la emisora pusiera en funcionamiento un nuevo transmisor que ampliaba el alcance de la señal.

La detención, por parte de la Policía, del fotógrafo Gustavo Torres de El Diario de la Región en la provincia de El Chaco, cuando cubría una información policial. Según la Información recibida las autoridades le ordenaron, además, borrar las imágenes captadas.

Dirigentes sindicales también habrían intimidado y obligado a borrar las imágenes al fotógrafo Alcides Quiroga, del diario La Prensa de Santa Cruz, en un piquete que realizaban el 16 de abril en Caleta Olivia.

Hostigamiento policial al periodista José Piedra, de la radioemisora FM Chaco, de Tartagal, Salta, a raíz de informaciones que él divulgó relacionadas con un crimen en el cual podrían estar involucrados algunos policías locales. Piedra denunció un grupo de hombres, entre ellos un policía, derribaron la puerta de su casa y amedrentaron a su familia. Después habría sido seguido e intimidado por vehículos y efectivos policiales.

Amenazas telefónicas e intimidaciones que al periodista del diario La Voz del Interior, Juan Federico, al conductor del programa ADN del Canal 10 de Córdoba, Tomás Méndez y su productor, Guillermo Bahr luego de haber publicado investigaciones relacionadas con la venta minorista de droga en la provincia de Córdoba.

Enfrentamiento entre el gobierno y los medios
El Estado debe abstenerse en todos los casos, de utilizar cualquiera de sus facultades para premiar a los medios cercanos y castigar a quienes disienten o critican sus acciones.
Declaraciones e incidentes registran un clima de aguda polarización entre algunos funcionarios del gobierno y seguidores de este, y un grupo de medios de comunicación y sus periodistas.

Como lo establece el principio 6 de la Declaración de Principios aprobada por la CIDH, la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.
La existencia de un contexto de confrontación extrema, en el cual se producen descalificaciones y estigmatizaciones constantes, genera un clima que impide una deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos. La tensión entre la prensa y los gobiernos es un fenómeno normal que se deriva de la natural función de la prensa y que se produce en muchos Estados. En estos casos, es tarea del Estado, contribuir a generar un clima de mayor tolerancia y respeto por las ideas ajenas, incluso cuando las mismas le resulten ofensivas o perturbadoras.

• En la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades, han aparecido en abril carteles anónimos con mensajes que insultan y estigmatizan a periodistas por el hecho de trabajar en el grupo Clarín.



• El 8 de octubre el ministro de Economía, Amado Boudou, dijo que dos periodistas de los periódicos La Nación y Clarín, serían “como los que ayudaban a limpiar las cámaras de gas del nazismo”. Boudou se excusó cuatro días después ante la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) por haber usado una “metáfora inapropiada” pero manifestó que no se disculparía con los periodistas pues los comunicadores mantendrían “actitudes antiargentinas” por “publicar permanentemente mentiras” en los diarios para los que trabajan.



• El Presidente del Concejo Deliberante de la localidad de El Soberbio, Juan Carlos Pereira, se habría referido en términos particularmente duros hacia la revista Apta Para Todo Público y habría admitido que procura imponer cargas impositivas a esa publicación por razón de su línea editorial.



• Durante 2010, dos medidas adoptadas por el gobierno argentino respecto de empresas de las cuales es accionista el grupo de medios Clarín, merecieron especial atención de la Relatoría:
  1- Las denuncias en contra de directivos de los diarios Clarín y La Nación en relación a la compra de la empresa productora de papel para periódicos Papel Prensa.
  2- El proceso administrativo iniciado contra la empresa proveedora de servicios de acceso a Internet Fibertel, propiedad del Grupo Clarín.
  En cuanto a la primera medida, que se relaciona con la distribución del papel para periódicos, el asunto es de tanta importancia para el sistema interamericano que el propio articulo 13 de la Convención Americana establece que “[n]o se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. En este sentido, resulta importante aplicar a la producción de papel para periódicos las normas antimonopolio existentes de forma tal que se fomente así su libre producción. Este régimen corresponde definirlo al poder legislativo, atendiendo especialmente a la obligación de impedir la existencia de controles oficiales o particulares abusivos. Es importante tener en cuenta que so pretexto de regular los monopolios no puede crearse una forma de intervención que permita que el Estado afecte este sector de ninguna otra manera distinta a evitar la concentración en la propiedad y el control en la producción y distribución de este insumo y facilitar la producción libre y competitiva de papel. Por las razones anotadas la Relatoría Especial se encuentra haciendo estrecho seguimiento al tema.
  
  En relación a la segunda medida, que refiere a la prestación de servicios de Internet para un número significativo de usuarios en la Argentina, la Relatoría Especial toma nota de que una vez proferida la resolución 100/2010 de la Secretaría de Comunicaciones que ordenó la liquidación de Fibertel y el traslado de los usuarios a otras empresas proveedoras de Internet, la Comisión Nacional de Comunicaciones comenzó a emitir un aviso publicitario oficial, que informaba a la población sobre la posición del Estado respecto de este caso e indicaba a los usuarios que tenían “todo el derecho a reclamar por aquello que paga[ron] mientras la empresa funcionaba en forma ilegal”. El 30 de noviembre de 2010, un juez resolvió dictar una medida cautelar, a través de la cual ordenó a diversos canales que se abstengan de transmitir la publicidad oficial mencionada.

Mapa sobre Acceso a la Información en América Latina

View Mapa del Centro Knight sobre Acceso a la Información en América Latina in a larger map

Este mapa del Centro Knight para el Periodismo en las Américas provee la información básica sobre normativa en materia de acceso a la información pública y transparencia en América Latina. Las marcas azules indican leyes que específicamente regulan el acceso a la información. Marcas rosadas, leyes aprobadas pero aún sin promulgar. El amarillo se refiere a leyes en trámite y el rojo, a países donde el acceso a la información no existe como ley, incluso si este derecho está reconocido constitucionalmente.

La China y la Libertad

Comunicado de prensa de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ONU.

Profunda preocupación por la represión a los defensores de derechos humanos desde que Liu Xiaobo fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz

GINEBRA (13 de diciembre de 2010) - Tres expertos independientes de la ONU* expresaron su preocupación actual por la represión de defensores de derechos humanos desde que Liu Xiaobo fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz hace dos meses.

"Desde el 8 de octubre de 2010, hemos recibido informes de más de 20 arrestos o detenciones de defensores de derechos humanos, y más de 120 otros casos de arrestos domiciliarios, incluyendo la esposa de Liu Xiaobo, Liu Xia, restricciones de viajes, desplazamientos forzados, actos de intimidación, y bloqueo de medios de comunicación, incluyendo la eliminación de contenidos en Internet sobre el Premio Nobel de la Paz ", declararon los expertos.

Los expertos de la ONU destacaron que "esta reciente y alarmante tendencia a restringir el espacio de ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la posibilidad de que los defensores chinos de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades pacíficas y legítimas llama a cuestionar el cumplimiento del compromiso de China de promover y proteger los derechos humanos".

También lamentaron que Liu Xiaobo no pudo asistir a la ceremonia personalmente ya que se encuentra en prisión cumpliendo una sentencia de once años por luchar pacíficamente por un mayor respeto a los derechos humanos en China.

"Instamos al Gobierno de la República Popular de China a que adopte todas las medidas necesarias para poner fin a estas restricciones y reiteramos nuestro llamamiento a la liberación de todas las personas detenidas por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales, entre ellos, Liu Xiaobo," dijeron los expertos, quienes además instaron al Estado a que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

(*) Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos;
Frank La Rue, Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión;
El Hadji Malick Sow, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Día Internacional del Derecho a Saber

El pueblo tiene derecho a saber.

El día Internacional del Derecho a Saber se celebró por primera vez el 28 de Septiembre del 2003 por iniciativa de los defensores del acceso a la información de todo el mundo.

El objetivo de la celebración es concienciar a todo los individuos sobre:

• su derecho al acceso de información de las actividades del gobierno;
• el derecho a saber sobre como los políticos y gobernantes ejercen su poder;
  
• el derecho a saber como gasta el dinero el gobierno el dinero que recibe por el pago de impuestos de los ciudadanos.

El día que en Argentina se cumplan estos derechos, festejaremos este día. Mientras tanto difundamos, defendamos y hagamos conocer el valor de estos derechos.

IX Jornadas Regionales y VII Provinciales de Bibliotecarios - Rosario

IX Jornadas Regionales y VII Provinciales de Bibliotecarios / Asociación de Bibliotecarios Profesionales de Rosario

“La biblioteca en el bicentenario y su proyección en el siglo XXI”

LUGAR
Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez.
Presidente Roca 731, Rosario.

FECHA
10 y 11 de setiembre de 2010

OBJETIVOS:
A través de las jornadas de este año, la asociación busca compartir vivencias, inquietudes y conocimiento, en un marco de reflexión, debate e intercambio de experiencias.
En el marco del bicentenario, nos proponemos:
- Reflexionar sobre nuestra historia, nuestro presente y sobre los desafíos del futuro, aplicados a las temáticas relacionadas con el rol social de la biblioteca, y su compromiso con la comunidad a través de sus servicios.
- Discutir cuales son nuestras responsabilidades como integrantes de las bibliotecas frente a los desafíos de la época.
- Razonar sobre el rol de las bibliotecas como centros implicados en la mejora de la calidad de vida y el cambio social.
- Lograr manifestaciones conjuntas, fruto de nuestras reflexiones, que nos permitan reconocernos, identificarnos, y así proyectar nuestra tarea en las áreas de la información, la cultura y la educación.

METODOLOGÍA:
La forma de trabajo será desarrollada mediante conferencias de especialistas en los diferentes temas, seguidas de debate con los participantes.

Al término de las conferencias se realizarán talleres de reflexión a partir de textos disparadores, que originarán conclusiones sobre los ejes temáticos.

EJES TEMÁTICOS:

1. Biblioteca e ideología.
Participación de la biblioteca en la historia social argentina desde 1810. Rol de la biblioteca como fuente de acceso al conocimiento y formadora de pensamiento crítico. Participación ciudadana, derecho a la libertad de creencias y de expresión.

2. Bibliotecas: organizaciones para el cambio social.
De la alfabetización alfabética a la informacional. Compromiso social, brecha digital y acceso a la información. Las bibliotecas como instrumento para la educación y el desarrollo.

3. Tecnología y bibliotecas: Gestión y acceso participativo
Los desafíos del siglo XXI: Inclusión social y las nuevas tecnologías, conservación del patrimonio digital, derecho de autor vs. Derecho de acceso a la información.

DIRIGIDO A:
Trabajadores de la información, bibliotecólogos, documentalistas, archivistas, museólogos, investigadores, docentes, estudiantes de Bibliotecología, y toda persona que tenga interés en participar.


INSCRIPCIÓN:
- Personalmente en la Sede de la ABPR.
- Por correo electrónico, completando el formulario de inscripción.
- Durante la acreditación.

COSTO DE INSCRIPCIÓN:

SOCIOS ABPR: $70.-
NO SOCIOS ABPR: $120.-
ESTUDIANTES ISET Nº 12 y 18: $70.-

Formas de pago:
- En efectivo, en nuestra oficina o el día de la acreditación.
- Depósito del monto correspondiente en la Cuenta Corriente Especial en Pesos No. 175.229.050/5 del Bco. Nación Argentina - Sucursal No. 1265 Calle San Luis – Rosario, a nombre de Asociación de Bibliotecarios Profesionales de Rosario. CBU: 01101757-40017522905058.

- El comprobante deberá ser presentado durante la acreditación.


Consultas e inscripciones:
Sede de Asociación de Bibliotecarios Profesionales de Rosario
Corrientes 653 — 1º piso, Of. 4, Rosario, Pcia. Santa Fe

Tel. 54-341-411-2075

E-mail: abprosarios@yahoo.com.ar
Blog: http://abprblog.blogspot.com


PROGRAMA

VIERNES 10 DE SETIEMBRE:

8:00/9:30: Acreditación

9:30/9:40: Palabras de bienvenida de la presidenta de la ABPR, María Rosa Adamo.

9:40/10:40: Conferencia de apertura: «El Bicentenario y la Biblioteca Pública» / Alejandro Parada.
Preguntas y debate

11:00/12:00: «Servicios al público: paradigmas, contradicciones y lectores» / Susana Romanos
Preguntas y debate

12:30/14:00: Brindis de Bienvenida

14:00/15:00 «La Biblioteca Electrónica de Ciencia y tecnología y el Sistema Nacional de Repositorios Digitales en Ciencia y Tecnología» / Paola Azrilevich
Preguntas y debate

15:30/16:30 Talleres:

«Rol de la biblioteca como fuente de acceso al conocimiento y formadora de pensamiento crítico»
Coordina: Susana Romanos

«Las bibliotecas como instrumento para la educación y el desarrollo».
Coordina: Alejandro Parada.


SABADO 11 DE SETIEMBRE:

10:00/10:20: Lectura de las conclusiones de los talleres.

10:20/11:00: «Desarrollo profesional: transdisciplina y profesionalismo» / Nicolás Tripaldi.

11:00/11:30: Entrega de diplomas y pins a los nuevos profesionales.

11:30: Entrega de certificados. Coffee Break

Barrer barreras de acceso a la informacion publica

La Auditoría General de la Nación (AGN) presentó el 11 de agosto pasado un amparo judicial contra la Sindicatura General de la Nación (Sigen) por demorar y resistirse a brindar la información de más de 300 expedientes vinculados con auditorías realizadas al Gobierno durante 2009 en los ministerios del Poder Ejecutivo. El pedido de intervención judicial presentado por Leandro Despouy, podría obligar al jefe de la Sigen, Daniel Reposo, a entregar todas las investigaciones realizadas al Gobierno.

Despouy, el titular de la AGN, fundamentó su presentación aludiendo desobediencia de la Constitución e incumplimiento de la ley de administración financiera de parte de la Sigen. Expresó que la AGN necesita los informes para que se "facilite el desarrollo de la actividad de auditorías y se advierta sobre actos o conductas irregulares del Estado". También planteó que es "inadmisible y ficticia" la respuesta de la Sigen para justificar su negativa a brindar información.

Desde marzo la Sigen se negó a entregar documentación a la AGN al aducir "el respeto de los principios de protección de datos personales" y retiró de su página web todos los informes de control que eran de acceso público.

Según Fernando Straface, director ejecutivo del Cippec, "Es imprescindible y urgente la sanción de una ley nacional de acceso a la información que respete estándares internacionales y termine con este tipo de prácticas contrarias a la transparencia".

Agrega que antes todos los informes de la Sigen podían encontrarse sin restricciones en el sitio www.sigen.gov.ar. En cambio, ahora presenta un listado de los informes, pero para acceder a su contenido es necesario realizar un pedido por escrito. "Esta práctica es una regresión, y es contraria al derecho a la información reconocido en forma expresa en la Constitución nacional desde la reforma de 1994".

Además, "con este requisito, el organismo incrementa las barreras de acceso a información pública que en nada compromete el resguardo de datos personales de carácter sensible (aquellos que se relacionan con las preferencias sexuales, religiosas o partidarias). De hecho, en este caso, importan más las dinámicas institucionales descriptas en los informes que los nombres de los funcionarios a cargo de las operaciones analizadas".

Fuente: La Nación. 5 de septiembre de 2010.

Archivos desaparecidos

El delegado de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Rubén Bonelli, señaló que el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay se declaró incompetente en la investigación de la quema de expediente de la Jefatura de Policía de Concordia. Se desconocen los fundamentos de la decisión. La presentación fue realizada por el bloque de diputados radicales y apuntaba a saber quién o quiénes y cómo se autorizó en 2004 la quema de documentación pública, perteneciente a la Jefatura que había sido requerida en el marco de una investigación por desaparición de personas. Ahora queda en pie la investigación en la Justicia ordinaria.

De acuerdo a la ley de Archivo 7452 del año 1984, está prohibido destruir documentaciones con valor jurídico y/o histórico-cultural. No obstante, un acta del 10 de marzo de 2004 ordenaba la quema de varios archivos, entre ellos los “libros de guardia de las distintas dependencias policiales del ámbito de la Jefatura Departamental Concordia”. El acta llevaba las firmas de la entonces Directora de Archivo, Graciela Bascourleguy, el jefe de policía departamental en ese momento, Alfonso Rubén Gregorutti y del asesor Legal, comisario Vicente Marcelo Terzaghi, entre otros.

En Concordia siempre se aseguró (sin prueba documental) que, en esa departamental estuvo “chupado” el obrero ferroviario desaparecido Sixto Zalazar. En el libro quemado debió estar asentado ese hecho ocurrido el 26 de mayo del 1976. Apenas 4 meses después del expurgo, el 8 de julio 2004, el ex gobernador Jorge Busti promulgaba la Ley de Registro Único de la Verdad que, en su artículo 2º pone a disposición de ese Registro los “archivos de la policía”.

Fuente: Argenpress

Saber es un derecho, que ahora sea ley

“Saber es un derecho. ¡Qué ahora sea ley” es la consigna de una campaña lanzada por varias ONG para lograr una norma nacional de acceso a la información pública.

En un documento conjunto, las entidades que promueven la campaña destacan “la importancia del acceso a la información pública como una herramienta para poder ejercer derechos fundamentales, monitorear la gestión pública y fomentar la participación ciudadana”.

También que una ley de esa naturaleza “debe establecer mecanismos claros para poder reclamar y recibir información de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de crear una autoridad de aplicación eficaz y fijar plazos breves para la entrega de los datos requeridos y establecer excepciones concretas”.

Esa declaración fue girada -el jueves pasado- a todos los diputados y senadores nacionales, ya que el parlamento argentino reabrió el debate sobre diversos proyectos de ley que posibiliten acceder a información de los distintos organismos estatales.

Promuevan la campaña las siguientes ONG: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia; Asociación por los Derechos Civiles; Poder Ciudadano; Centro de Estudios Legales y Sociales; Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento; Equipo Latinoamericano de Justicia y Género; Foro de Periodismo Argentino; Fundación Ambiente y Recursos Naturales; Fundación Mujeres por la Igualdad; y Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer.

Para adherirte a la campaña y mayor información, acceda a Saber es un derecho. Campaña por una ley nacional de acceso a la información pública en Argentina

modelo para armar la ley de acceso a la información pública

Un grupo selecto de expertos de América Latina, hizo hoy la entrega formal a la OEA de la propuesta de una ley modelo sobre acceso a la información pública para todo el continente americano, con vistas a su aprobación final en junio.

Una vez aceptado, supone el compromiso de los países miembros de impulsar leyes a este respecto, en caso de no haya legislación o que estén por debajo de la ley modelo.

El documento establece que un nuevo régimen de acceso a la información pública supone el principio de “máxima publicidad”, en el cual es accesible cualquier información en posesión, custodia o control de las autoridades públicas. Las legislaciones que se implementen en los países del continente americano deben hacer sujetos obligados a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a la estructura federal, regional, provincial o municipal; y extensiva a organizaciones privadas que reciben fondos públicos sustanciales o desempeñan servicios públicos.

La propuesta establece que la sociedad tiene derecho a que la información que obra en poder de la autoridad pública se proporcione de forma expedita, las solicitudes sean gratuitas, anónimas y sin necesidad de justificación. En los casos en que la situación económica de los solicitantes sea de pobreza, no se deberá cobrar por reproducción o envío; y se podrá apelar si la información no es entregada.

La información que maneja el gobierno es pública por definición, pero reservada solo por excepción.
Las excepciones deben quedar claramente establecidas y sólo deberán aplicarse en dos supuestos: cuando se dañen derechos privados (a la vida, a la privacidad, a la salud, a la seguridad, los intereses comerciales y económicos legítimos y la propiedad intelectual); y cuando se afecten derechos públicos (la seguridad, la defensa nacional, las relaciones internacionales y el manejo de la economía, entre otros).

No aplican las excepciones en los casos en los en que el interés público es mayor que el daño causado al interés protegido, como en casos de violaciones graves de los derechos humanos fundamentales o delitos de lesa humanidad.

La Ley Modelo establece que se deberán llevar a cabo tareas de promoción del acceso a la información gubernamental mediante el monitoreo que el poder legislativo haga de la operación de la ley, a través de capacitación a las autoridades y a los solicitantes de información, y como parte de los sistemas de educación básica.

Queda ahora en manos de los países miembros de la OEA la aceptación de esta Ley Modelo, y la promoción política que haga realidad que todos los países del continente americano tengan una ley de acceso a la información pública.

Amén.

Informe de la CIDH 2009 sobre Libertad de Expresion

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el pasado 15 de abril, su Informe Anual 2009, en el cual se incluye el Informe Anual 2009 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
En el capítulo sobre Argentina, trata sobre:

Ley 26.551
La Relatoría valora positivamente esta ley, mediante la cual las expresiones u opiniones relacionadas con asuntos de interés público no podrán configurar calumnia o injuria, y no se configurará delito contra el honor cuando se publique o reproduzca información cuyo contenido sea atribuido “en forma sustancialmente fiel” a su fuente.
Observa, sin embargo, que la reciente reforma penal deberá ser complementada con una modificación del Código Civil que evite el uso desproporcionado de las sanciones, que pueden ser utilizadas como un mecanismo de censura.

Ley No. 26.522, Servicios de Comunicación Audiovisual
La Relatoría Especial considera que la ley representa un importante avance respecto de la situación preexistente en Argentina.
Al mismo tiempo, observa algunas de sus disposiciones:
-- La asignación a la Iglesia Católica de una autorización privilegiada para usar una frecuencia de manera permanente, sin necesidad de someterse a concurso en igualdad de condiciones.
-- La vaguedad de conductas y supuestos que pueden llevar a la aplicación de sanciones graves, como “la desnudez y el lenguaje adulto fuera de contexto”, “los materiales previamente editados que enfaticen lo truculento, morboso o sórdido” o “la realización de actos contra el orden constitucional de la Nación o utilización de los medios para proclamar e incentivar la realización de tales actos”.
Al respecto, la Relatoría recuerda al Estado que las normas sancionatorias vagas o imprecisas pueden terminar amparando decisiones arbitrarias que por vía indirecta censuren a medios o contenidos, por la simple expresión de discursos que resultan protegidos por la Convención Americana. Conviene recordar al Estado, que la CIDH ha sostenido reiteradamente que el derecho a la libertad de expresión también incluye la protección de afirmaciones que puedan resultar ofensivas, perturbadoras o ingratas para el Estado.
-- En materia de medios públicos, las autoridades más importantes del sistema son designadas mayoritariamente por el Poder Ejecutivo, sin que el proceso de designación o las condiciones orgánicas, institucionales y funcionales restantes otorguen suficientes garantías de funcionamiento independiente.
-- La adjudicación de licencias cuya área primaria de servicio supere los cincuenta kilómetros y se encuentren en poblaciones de más de quinientos mil habitantes, previo concurso, por el Poder Ejecutivo Nacional; en cambio, las correspondientes a los restantes servicios de comunicación “serán adjudicadas por la autoridad de aplicación”. La Relatoría Especial toma nota de esta diferencia y exhorta al Estado a que la misma no se traduzca en formas indirectas de incidir en la libertad de expresión.
-- La Relatoría Especial toma nota del contenido de algunas disposiciones, como los artículos 3, 17 y 70, entre otras, y llama al Estado y autoridades encargadas de implementar la ley, a respetar la obligación de no injerencia del Estado en los contenidos (obligación de neutralidad).
-- Con respecto al literal (h) del artículo 3 que menciona “la actuación de los medios de comunicación en base a principios éticos”; la relatoría entiende que la misma se refiere exclusivamente a las autorregulaciones que los medios dispongan. A este respecto, el principio 6 de la Declaración de Principios establece que, la “actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”.

La Relatoría considera esencial que la autoridad de aplicación se conforme de manera tal que otorgue garantías de independencia e imparcialidad a todos los sectores y que en la implementación de la ley se tenga en cuenta, fundamentalmente, que la finalidad más importante de toda norma de esta naturaleza es garantizar un mayor despliegue de la libertad de expresión. En este punto, llama a las autoridades competentes a atender los estándares interamericanos a la hora de implementar la ley.

Publicidad oficial
La Relatoría Especial observa con satisfacción la decisión de la Sala IV de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal, que ordenó al Estado “dispon[er] la distribución de publicidad oficial en las distintas publicaciones” de Editorial Perfil S.A. y Diario Perfil S.A.
La Relatoría Especial recuerda al Estado que tiene el deber de establecer criterios claros, transparentes, objetivos y no discriminatorios para la determinación de la distribución de la publicidad oficial, e insta al Estado a promover la aprobación de legislación para la regulación de la distribución de la publicidad oficial.

Asesinato de periodistas (caso Cabezas)
Por otro lado, la Relatoría Especial toma nota de la resolución de la Sala II del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires rechazó el recurso de nulidad presentado por Gustavo Prellezo contra la sentencia (2000), que lo condenó a prisión perpetua como autor de los delitos de sustracción de persona agravada y homicidio calificado del fotógrafo José Luis Cabezas.
La Relatoría Especial reitera al Estado que tiene “el deber jurídico de prevenir las violaciones de los derechos humanos, de investigar las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”.

Actos de violencia en contra de medios de comunicación
La Relatoría Especial lamenta que durante 2009 se continuaran recibiendo denuncias sobre actos de violencia en contra de medios de comunicación:
-Derrumbamiento de las antenas de Radio Goya en la provincia de Corrientes y Radio Mocoví en la provincia del Chaco, que impidieron su transmisión.
- Interferencias en las señales de los canales 13, Todo Noticias y Radio Mitre que impidieron que sus transmisiones fueran recibidas al interior y exterior del país por varias horas,
- Incendio intencional en las instalaciones de la emisora FM Radio Activa en El Bolsón, provincia de Río Negro,
- Pintadas en aerosol en once receptorías de avisos del diario Clarín con mensajes tales como “Clarín miente”, haciendo alusión a repetidas afirmaciones de autoridades públicas. De la misma manera, el domicilio de uno de los directivos de Clarín fue atacado por desconocidos que arrojaron huevos y pintura.
- Operativo con decenas de agentes de la AFIP en la sede del Grupo Clarín con el objetivo de recabar datos de índole tributaria y previsional en el marco de una inspección. El 14 de septiembre de 2009 la Relatoría Especial envió una comunicación al Estado para solicitar información sobre lo ocurrido. Sin embargo, a la fecha de cierre del presente informe, no recibió información sobre el avance o los resultados de las investigaciones internas sobre el mencionado operativo.
- Bloqueo por varias horas de las instalaciones de las plantas impresoras de los diarios Clarín y La Nación, por miembros del sindicato de transportadores, impidiendo su posterior distribución en el resto del país. Organizaciones y medios de comunicación locales señalaron que la medida del sindicato buscaba afectar de manera particular a los medios críticos de la gestión del gobierno.

Agresiones y amenazas recibidas por periodistas
La Relatoría Especial recibió información sobre amenazas telefónicas a Gustavo Heredia, de Radio Universidad de San Luis, y Daniel Enz, director del semanario Análisis en Paraná, y agresión física y verbal a Viviana Villar, periodista de Canal CVI 5 en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, por el Intendente de Puerto Iguazú, Claudio Raúl Filippa.
En este contexto, la Relatoría Especial exhorta a las autoridades del Estado argentino a adoptar las medidas necesarias para garantizar que los comunicadores sociales y los medios de comunicación puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión, así como a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

De otro lado, la Relatoría Especial fue informada de que se habría sacado del aire el programa radial que conducía el periodista Nelson Castro en Radio Del Plata. Organizaciones no gubernamentales señalaron que este hecho podría ser una represalia contra el reportero por su labor y porque en el programa se vertían opiniones críticas contra el gobierno nacional. El principio 5 de la Declaración de Principios señala que, la “censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.

Derecho de acceso a la información
-- Valoración positiva de la sentencia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario No. 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ordenó que las autoridades competentes entregaran al periodista Pedro Martínez información relativa al personal de dos agencias de seguridad bonaerenses, que le había sido negada por la Dirección General de Seguridad Privada.
-- La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata denegó a Alejandro César Suárez, director del diario Mi Ciudad, la información respecto de “la nómina completa de los empleados de la Municipalidad de Florencio Varela, las tareas que desempeñan y las remuneraciones que perciben por tal concepto”. La Relatoría Especial manifiesta su particular preocupación porque en la resolución, el tribunal señaló que “el actor no ha[bía] podido demostrar un particular interés” que justifique informarle acerca de la información requerida.
-- El Ministerio de Economía y Producción finalmente publicó la información relacionada con los factores de cálculo del Índice de Precios al Consumidor. La solicitud fue originalmente presentada en 2007 ante el INDEC por una organización local con el propósito de conocer cómo se calculaba el índice de pobreza en Argentina. En mayo de 2008, la respuesta del INDEC había sido considerada por el Tercer Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal como “insuficiente e inadecuada para satisfacer el derecho de acceso a la información y así permitir una efectiva participación ciudadana”.

La Relatoría Especial recuerda al Estado que de acuerdo con lo establecido por la Corte Interamericana, no es necesario acreditar un interés directo ni una afectación personal para obtener la información en poder del Estado, salvo en casos de carácter excepcional, consagradas legalmente, bajo objetivos legítimos, y en las que se apliquen los criterios de necesidad y estricta proporcionalidad.
Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho acceso a la información.
La Relatoría Especial exhorta al Estado a promover la aprobación de una ley sobre acceso a la información en concordancia con los estándares del sistema interamericano.

Fuente:
Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009: Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión / Dra. Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión, 30 diciembre 2009.

Acceder a la información pública en Argentina

Cada vez menos acceso
"A medida que pasan los meses, resulta más complicado acceder a los datos que arrojan las políticas de la gestión del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es que, durante el último tiempo, varias dependencias estatales limitaron el acceso a los datos necesarios para llevar adelante un balance de las determinaciones de las autoridades:
EL INDEC
Desde 2007, cuando el Gobierno lo intervino, las estadísticas oficiales quedaron bajo sospecha. Opositores y técnicos chocaron contra una pared cada vez que intentaron saber cómo se trabaja en el organismo.

Ministerio de Economía
Desde el 20 de diciembre de 2009 no actualiza en su sitio de Internet los datos de la ejecución del presupuesto nacional, información que hasta el año pasado solía renovarse casi en forma semanal. Eso permitía seguir de manera detallada la distribución de fondos por programas y entre las distintas provincias. Cuando ahora se ingresa en esa página, aparece la opción "consulta", que sólo permite enviar un e-mail a una casilla anónima.
Los legisladores interesados en seguir de cerca la ejecución presupuestaria se ven obligados a acudir a otras fuentes de información, no oficiales, para obtener las cifras buscadas.

Publicidad oficial
La Jefatura de Gabinete se negó a informar detalles del gasto en publicidad oficial, al alegar que intenta "proteger datos personales". La política cambió desde que el Estado se hizo cargo de transmisiones de fútbol.

La sigen
La Sindicatura General de la Nación, que investiga eventuales irregularidades en la gestión, publicaba todos sus informes. Ahora, para acceder a ellos, hay que pedirlos por escrito. Y las autoridades pueden negarse a darlos. Según voceros del organismo, el objetivo de las modificaciones es 'proteger datos personales'.

Mejordemocracia
Como ya había sido publicado en este blog, Se bloqueó el sitio Mejor Democracia destinado a brindar datos públicos y su URL fue redireccionada a la web de la Jefatura de Gabinete de Ministros. A esta situación se le sumó la designación de Andrés Cuervo Larroque, uno de los referentes de La Cámpora, en el cargo de Director de Fortalecimiento de la Democracia, y en diciembre, la renuncia de Marta Oyhanarte al frente de la subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia"

Administración Nacional de Seguridad Social (Anses)
Los legisladores que integran la comisión bicameral a cargo de controlar el manejo de los fondos previsionales alertaron que la última información actualizada sobre las operaciones de la Anses data de diciembre del año pasado. Esa es la mayor caja del Estado nacional, sobre todo desde la nacionalización de los fondos previsionales, dispuesta a fines de 2008.

Esos mismos dirigentes advierten que esta demora se observa en el detalle de la ejecución de las obras públicas.
Por ejemplo, la última actualización del programa Fonavi (construcción de viviendas) data de septiembre del año pasado.



Después de varios años de ausencia, el debate sobre el acceso a la información pública volverá este año al Congreso
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Graciela Camaño, tiene previsto someter el tema a discusión en las próximas semanas, como fruto de un acuerdo con el resto de la oposición. [...] En la comisión que preside Camaño hay ocho proyectos para sancionar una ley de acceso a la información. Se suman a otros tres con estado parlamentario en el Senado. Algunos de ellos fueron presentados varias veces desde 2006. Aquel año perdió estado parlamentario una iniciativa que se había aprobado en Diputados y que contaba con apoyo de varias ONG. Fue luego de que, por impulso de la entonces senadora Cristina Kirchner, la Cámara alta le introdujera al texto modificaciones que lo hicieron inaceptable para sus promotores originales, dado que se alejaba de los estándares internacionales en la materia.

'Es importante que se sancione una ley de acceso a la información, porque el secreto es lo contrario de la democracia. La capacidad de los ciudadanos de involucrarse en la cosa pública hace que pueda haber millones de ojos controlando a los funcionarios', afirmó la diputada Patricia Bullrich, autora de uno de los proyectos, junto con su colega Claudia Gil Lozano.


Fuentes:
Es cada vez más difícil acceder a la información pública de la gestión CFK. 3-4-2010. En: Perfil)
Ramón Indart. Desde Secretaría de la Presidencia siguen sin brindar información pública. 11-02-2010, en: Diario Perfil.
Vuelven a debatir una ley para liberar la información. 3-4-2010. En: La Nación
Gabriel Sued. Impide el Gobierno que se conozcan datos de su gestión. 3-4-2010. En: La Nación

Derecho a saber para decidir

Tres activistas de género de Santiago del Estero fueron denunciadas por una funcionaria del gobierno provincial por haber informado a la familia de una niña de 14 años que había sido violada, que tenía derecho a un aborto no punible.
Ver la nota completa en Página 12

Censura, criminalizacion de la protesta y represión

"La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) cuenta con una comisión permanente de “legales” y con una Red de Asistencia Jurídica (Redaj). Romina Tello Cortez integra ambos espacios, detalla que se crearon por necesidad ante las persecuciones judiciales de los asambleístas y no duda: “Existe una criminalización constante de la lucha de las asambleas”. Afirma que en todas las provincias se repite la misma metodología. Cuando comienzan los cortes de ruta, fiscales y funcionarios hacen el trabajo sucio: presentan denuncias penales y amenazan con la cárcel. “Cuando observan que la resistencia sigue firme, viene la represión”, señala y ofrece como muestra lo sucedido en Andalgalá en febrero, con una decena de presos y una veintena de heridos.
Federico Zini tiene 23 años, estudia seguridad e higiene laboral, atiende un kiosco y milita en la Asamblea Sanjuanina Contra la Contaminación y el Saqueo. En tiempos donde mucho se debate la ley de medios audiovisuales, tiene una certeza poco conocida fuera de Cuyo. “En San Juan ningún medio masivo puede criticar la minería. Las radios, los diarios y los canales de televisión parecen manejados por las empresas mineras y, claro, el gobierno provincial, que pareciera empleado de empresas como Barrick Gold.” Dos anécdotas grafican la incomunicación. Todos los martes, desde hace cinco años, la Asamblea se reúne en la plaza principal de la provincia (25 de Mayo). Sin importar la concurrencia, jamás un medio masivo de San Juan dio cuenta de su existencia, ni para criticarlos. Segunda anécdota: el 7 de junio de 2009, el gobierno de San Juan prohibió la venta de una revista dominical que se entrega con los principales diarios de la región. La publicación (llamada Rumbos, de Editorial La Nación) contenía un artículo crítico a la minería. La increíble censura, reconocida incluso por el mismo gobernador José Luis Gioja, consistió en secuestrar (literalmente) todas las revistas antes de su distribución"

"Contra el modelo extractivo" / Darío Aranda. Página 12. 28 de marzo de 2010.

Misión sin cumplir

En la provincia de Misiones, unos 200 mil niños están en condiciones de percibir la Asignación por Hijo, de los cuales solamente acceden 95 mil.
El Ministro de Desarrollo Social, Joaquín Losada, reconoció que "hay mucha gente que no llegó porque no tuvo acceso a la información" y evidenció que quienes quedaron excluidos de la Asignación son familias de pueblos pequeños del interior de Misiones.

Fuente: La prensa Misiones. 28 de febrero 2010.

Diez desafíos claves para la libertad de expresión en la próxima década

El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación, la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), con la colaboración de ARTICLE 19 Global Campaign for Free Expression, y Center for Law and Democracy

Adoptamos, el 3 de febrero de 2010, la siguiente Declaración sobre Diez Desafíos Claves para la Libertad de Expresión en la Próxima Década:


1. Mecanismos ilegítimos de control gubernamental sobre los medios de comunicación

[...] Si bien este control se manifiesta de diversas maneras, algunos de los aspectos más preocupantes incluyen:

a) Influencia o control político sobre los medios de comunicación públicos, de modo que éstos funcionen como portavoces del gobierno en lugar de medios independientes encargados de fomentar el interés público.

b) Los requerimientos de registro para los medios impresos o para el uso o acceso a Internet.

c) El control directo del gobierno sobre el otorgamiento de licencias o la regulación de la radiodifusión, o la supervisión de estos procesos por un organismo que no mantiene, tanto en la ley como en la práctica, una real independencia respecto del gobierno.

d) El abuso en la distribución de la publicidad del Estado o en el ejercicio de otras facultades estatales para influir en la línea editorial.

e) La propiedad o control significativo de los medios de comunicación por parte de líderes políticos o partidos.

f) Los procedimientos abiertos contra medios de comunicación independientes basados en motivaciones políticas.

g) El mantenimiento de normas obsoletas -como las leyes de sedición o la exigencia de la "veracidad" de las noticias- destinadas a criminalizar las críticas al gobierno.


2. Difamación penal

[...] Si bien todas las leyes que criminalizan la difamación son problemáticas, los principales rasgos de estas leyes que nos preocupan son los siguientes:

a) Estas normas no suelen exigir a quienes las invocan que prueben elementos claves del delito, como la falsedad de las afirmaciones y la intención dolosa.

b) Se trata de leyes que sancionan incluso declaraciones respecto de hechos verdaderos, la mera publicación de reportes fieles sobre declaraciones de entes oficiales, o la simple expresión de opiniones.

c) Algunas de estas leyes protegen la ‘reputación’ de organismos públicos, de símbolos patrios o del Estado mismo.

d) Estos regímenes jurídicos no exigen a las figuras y funcionarios públicos que muestren frente a la crítica un grado de tolerancia mayor al que se espera de los ciudadanos comunes.

e) En otras oportunidades, las leyes de difamación protegen creencias, escuelas de pensamiento, ideologías, religiones o símbolos religiosos, e ideas.

f) El uso del concepto de difamación colectiva para penalizar expresiones que no se encuadren en la categoría estrecha de instigación al odio.

g) La existencia de sanciones excesivamente severas, como penas de prisión o condenas en suspenso, pérdida de derechos civiles –incluyendo el derecho a ejercer el periodismo- y multas exorbitantes.


3. Violencia contra periodistas

[...] Particularmente, se encuentran en riesgo los periodistas que cubren problemas sociales, incluyendo crimen organizado o narcotráfico, que critican al gobierno o a los sectores de poder, que cubren violaciones a los derechos humanos o corrupción, o que trabajan en zonas de conflicto. Reconociendo que la impunidad genera más violencia, estamos particularmente preocupados por lo siguiente:

a) Estas agresiones no reciben la atención que merecen y no se asignan recursos suficientes que permitan prevenirlas o –cuando se producen- investigarlas y juzgar a quienes las perpetran.

b) No se reconoce la necesidad de adoptar medidas especiales para abordar estas agresiones, que no sólo suponen un ataque contra la víctima sino que además vulneran el derecho de las demás personas a recibir información e ideas.

c) La ausencia de medidas de protección para periodistas que han sido desplazados como resultado de estas agresiones.


4. Límites al derecho de acceso a la información

Durante los últimos diez años, el derecho de acceso a la información ha sido reconocido ampliamente como un derecho humano básico [...]. La adopción de cerca de 50 leyes en los últimos diez años demuestra que esta tendencia positiva continúa. No obstante, aún subsisten importantes desafíos. Las cuestiones que nos preocupan particularmente son:

a) El hecho de que la mayoría de los Estados no ha aprobado leyes que garanticen el derecho a la información.

b) Las leyes deficientes que se encuentran vigentes en numerosos Estados.

c) El enorme desafío que supone la implementación práctica del derecho a la información.

d) La falta de transparencia en torno a las elecciones, en un contexto electoral en el que la necesidad de transparencia es particularmente importante.

e) El hecho de que muchas organizaciones intergubernamentales no han hecho efectivo el acceso a la información respecto de la información que poseen en tanto organismos públicos.

f) La aplicación de leyes de reserva a periodistas u otras personas que no son funcionarios públicos, por ejemplo, para responsabilizarlos por publicar o diseminar información reservada que les ha sido entregada.


5. Discriminación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión

La igualdad en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión continúa siendo la excepción, en tanto los grupos históricamente menos favorecidos —como mujeres, minorías, refugiados, personas indígenas y minorías sexuales— aún luchan para que se tengan en cuenta sus opiniones y para poder acceder a la información que les concierne. Las cuestiones más preocupantes son:

a) Los obstáculos a la creación de medios de comunicación por grupos históricamente menos favorecidos.

b) El uso indebido de leyes sobre expresiones que instigan el odio para impedir que grupos históricamente menos favorecidos participen en debates genuinos sobre sus problemas e inquietudes.

c) La ausencia de medidas de autorregulación adecuadas para abordar:
i. La reducida proporción de miembros de los grupos históricamente menos favorecidos entre los trabajadores de los principales medios de comunicación, incluidos los medios públicos.
ii. La cobertura insuficiente por parte de medios de comunicación y otras organizaciones de temas relevantes para los grupos históricamente menos favorecidos.
iii. La difusión masiva de información estereotipada o peyorativa respecto de grupos históricamente menos favorecidos.


6. Presiones económicas

[...] Las cuestiones más preocupantes son:

a) La creciente concentración de la propiedad de los medios de comunicación, con posibles y preocupantes graves consecuencias para la diversidad de los contenidos.

b) La fractura del mercado publicitario, y otras presiones comerciales que se traducen en la adopción de medidas de reducción de costos, como menor proporción de contenido local, entretenimiento de bajo nivel intelectual y reducción del periodismo de investigación.

c) El riesgo de que los beneficios de la transición a las frecuencias digitales sean absorbidos en gran parte por los medios existentes, y de que otros usos, como las telecomunicaciones, operen en detrimento de una mayor diversidad y acceso, y de los medios de interés público.


7. Apoyo a emisoras públicas y comunitarias

Las emisoras públicas y comunitarias pueden desempeñar un rol sumamente importante al ofrecer una programación de interés público y complementar el contenido ofrecido por las emisoras comerciales. De este modo pueden contribuir a la diversidad y responder a la necesidad de información del público. Sin embargo, ambas enfrentan obstáculos. Las cuestiones más preocupantes son:

a) Los obstáculos cada vez más frecuentes al financiamiento público de las emisoras públicas.

b) La existencia de numerosos medios públicos que no tienen una misión pública claramente definida.

c) La falta de reconocimiento legal específico para el sector de las emisoras comunitarias sobre la base de criterios adecuados para dicho sector.

d) La decisión de no reservar frecuencias suficientes para las emisoras comunitarias ni crear mecanismos adecuados de financiamiento.


8. Seguridad y libertad de expresión

[...] Las cuestiones más preocupantes son:

a) Las definiciones vagas y/o excesivamente amplias de términos clave como seguridad y terrorismo, así como de las actividades que se prohíben (como brindar apoyo en materia de comunicaciones al "terrorismo" o al "extremismo"), la "apología" o "promoción" del terrorismo o extremismo, y la mera repetición de las declaraciones formuladas por terroristas.

b) El abuso de términos vagos con el fin de restringir expresiones críticas u ofensivas, como la protesta social, que no suponen incitación a la violencia.

c) Las presiones formales e informales a los medios para que no difundan información sobre terrorismo, con el argumento de que esto podría promover los objetivos de los terroristas.

d) El uso más amplio de técnicas de vigilancia y un menor control de los operativos de vigilancia, que inhiben la libertad de expresión y vulneran el derecho de los periodistas a proteger a sus fuentes confidenciales.


9. Libertad de expresión en Internet

[...] Las cuestiones más preocupantes son:

a) La fragmentación de Internet a través de la imposición de cortafuegos (firewalls) y filtros, y de requisitos de registro.

b) El bloqueo estatal de sitios Web y de dominios que permiten el acceso a contenidos generados por usuarios o redes sociales, por razones sociales, históricas o políticas.

c) El hecho de que ciertas corporaciones que proveen servicios de búsqueda, acceso, mensajería instantánea, publicación u otros servicios de Internet no realizan esfuerzos suficientes para respetar el derecho de quienes usan esos servicios a acceder a Internet sin interferencias, por ejemplo, por razones políticas.

d) Las normas que permiten que ciertos casos, particularmente sobre difamación, puedan ser juzgados en cualquier sitio, lo cual conduce a una situación de "mínimo común denominador".


10. Acceso a tecnologías de información y comunicación

[...] la mayoría de los ciudadanos en todo el mundo aún no tienen acceso a Internet o sólo tienen un acceso limitado. Las cuestiones más preocupantes son:

a) Las estructuras de precios que imposibilitan el acceso de los sectores pobres a Internet.

b) La omisión de extender la conectividad a todo el territorio, lo que deja a los usuarios rurales sin acceso.

c) La asistencia limitada a centros de tecnologías de la información y comunicación comunitarios y otras opciones de acceso público.

d) Esfuerzos insuficientes de capacitación y educación, en especial en sectores pobres, rurales y entre la población mayor.


Frank LaRue - Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión

Miklos Haraszti - Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación

Catalina Botero - Relatora Especial de la OEA para la Libertad de Expresión

Faith Pansy Tlakula - Relatora Especial de la CADHP sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información

Kimel y la justicia

El periodista y escritor Eduardo Kimel falleció sorpresivamente el día 10 de febrero de 2010. Kimel luchó por defender el derecho a contar la verdad, batalla que culminó con la llamada ley Kimel que eliminó los delitos de injurias y calumnias en casos de interés público.

En 1989 publicó el libro La masacre de San Patricio, en el que abordó el asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas pertenecientes al sector progresista del catolicismo, acribillados por un "grupo de tareas" de la dictadura dentro del templo católico de San Patricio el 4 de julio de 1976; y en el cual denunció la actuación de las autoridades encargadas de la investigación, entre ellas el juez Guillermo Rivarola.

En 1995, Kimel fue condenado a un año de prisión en suspenso y al pago de una indemnización de $20.000 (por entonces igual a dólares) como culpable de "injuria y calumnia" contra el juez al que mencionó en su investigación.

Convertido en un proceso paradigmático por la libertad de expresión, Kimel presentó el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), [como ya se mencionó acá] que en 2008 falló en su favor y en contra del Estado argentino, asentando un importantísimo precedente. Los fallos y jurisprudencia de la Corte Interamericana tienen fuerza de ley en la Argentina, por resolución de la Corte Suprema. En el caso de Kimel, la CIDH pidió al Estado anular los efectos de la sentencia penal contra el periodista, como forma de reparación. También le exigió promover reformas a la legislación sobre calumnias e injurias, y "efectuar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad", en un plazo de 6 meses.

El delito de calumnias e injurias fue derogado en noviembre último.

Fuentes: Urgente 24, La Nación, Página 12, Clarín del 12 de febrero de 2010.

De mejordemocracia a menordemocracia

Ocho organizaciones no gubernamentales (algunas figuran en "Direcciones para informarse" de este blog) alertaron sobre medidas del Gobierno a las que calificaron como un "retroceso" en materia de libre acceso a la información pública y pidieron una audiencia con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Las medidas cuestionadas son la cancelación de un sitio de Internet oficial (http://www.mejordemocracia.gov.ar/), que reunía documentos y datos que facilitaban el ejercicio del acceso a la información en poder del Estado, y la suspensión de un seminario internacional sobre la materia que iba a realizarse en septiembre y al que estaba invitada la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, la colombiana Catalina Botero.

La cancelación del sitio y la suspensión del seminario las decidió Fernández, de quien depende la Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia, a cargo de Marta Oyhanarte.

A partir de ahora es imposible acceder a todos los datos que estaban en esa página. En el sitio www.mejordemocracia.gov.ar, que funcionaba desde 2004, después de que se firmara el decreto 1172, se podía acceder a todas las normas en materia de acceso a la información, a nivel nacional, provincial y municipal. Figuraban además, las estadísticas sobre el uso de la herramienta, y los nombres y datos de los encargados de recibir las solicitudes en cada uno de los ministerios, explicativos sobre cómo completar pedidos de acceso a la información pública, dictámenes de la propia subsecretaría sobre pedidos de acceso, entre otras cosas. La página recibía 400 visitas diarias.

Desde la subsecretaría que conduce Oyhanarte confirmaron la preocupación por la cancelación de la página de Internet. Como no hubo explicación oficial, Oyhanarte le solicitó una audiencia a Fernández, pero todavía no obtuvo respuesta.


Fuentes:

Sued, Gabriel. Denuncian un "retroceso" en el acceso a la información. La Nacion, Jueves 15 de octubre de 2009
El Gobierno levantó el sitio Democracia.com Crítica digital. 14.10.2009.

Lo cierto es que desde donde antes podíamos acceder a mejor democracia, ahora accedemos a la página de la Jefatura de Gabinete de Ministros, (que dicho sea de paso ahora tiene dos direcciones: http://www.jgm.gov.ar/ y www.mejordemocracia.gob.ar/), y a través del menú de esta página, en el link "Ministerios", a la Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia, a cargo de Marta Oyhanarte. Si usted espera encontrar aquí los contenidos desaparecidos, sólo se encontrará con los Objetivos de la subsecretaría, el currículum de Oyhanarte, el Decreto 1172/03, y Auditoría Ciudadana. Tampoco hay acceso a la Dirección de Fortalecimiento de la Democracia, anunciados para "próximamente". Los contenidos de la vieja "mejordemocracia", que también figura en "Direcciones pra informarse" de este blog desde sus incios, ya no están.

El pedido de audiencia de las ONG

Buenos Aires, 09 de Octubre de 2009

SR. JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DR. ANIBAL FERNÁNDEZ
S________/_________D

En esta oportunidad, las organizaciones abajo firmantes, nos dirigimos a usted con el objeto de solicitar formalmente una audiencia para conocer si existe una nueva política en materia de acceso a la información pública por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

Somos organizaciones de la sociedad civil que, desde diversas perspectivas y abordajes, junto a distintos sectores de la ciudadanía, el periodismo y la academia, promovemos el fortalecimiento de las instituciones públicas y los valores democráticos, a partir del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, entre otras herramientas de participación.

Esta solicitud se motiva en el hecho de que en el transcurso de esta semana, sin explicación alguna, ha dejado de funcionar el sitio www.mejordemoracia.gov.ar. Este hecho obstaculiza la posibilidad de contar con datos relevantes para ejercer el derecho de acceso a la información, tales como el contacto de los enlaces de cada Ministerio y Secretaria, como cuál es la normativa vigente, cuántas solicitudes formales de datos recibe el Poder Ejecutivo anualmente y cuáles son los estándares desarrollados por la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia en esta materia, entre otros aspectos. A esta situación, se suma la cancelación de un Seminario Internacional que había sido previsto para el mes de septiembre del corriente, que iba a contar con la exposición de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la OEA.

Es por ello que solicitamos una audiencia a los fines de conocer si existe una nueva política en materia de acceso a la información pública por partedel Poder Ejecutivo Nacional.

Sin otro particular, saludamos a usted atentamente,

Andrés D’Alessandro, Director Ejecutivo FOPEA

Alvaro Herrero, Director Ejecutivo ADC

Manuel Garrido, Director de Justicia y Transparencia CIPPEC

Gustavo Maurino, Director Ejecutivo ACIJ

Delia Ferreira Rubio, Presidenta Poder Ciudadano

María Eugenia Di Paola, Directora Ejecutiva FARN

Monique Altschul, Directora Ejecutiva MEI

Alicia Cytrynblum, Presidenta Ejecutiva Periodismo Social

Adhiere: Acceso Libre

Información sobre minería contaminante

Clip explicativo sobre la actual modalidad de minería llevada a cabo en la Agentina y en el mundo. Con la participación voluntaria de actores argentinos, Cristina Martin (de Conciencia Solidaria) y realizado por el director Pablo D'Alo Abba.

Permitida su utilización en pos de la causa.

Para descargar en buena calidad:
http://www.sendspace.com/file/f4lm0h

Para pedir una copia mandar mail a: concienciasolidaria_nico@live.com.ar

Artículo 41 de la Constitución Nacional argentina:

"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometerlas de, las generaciones futuras, y tienen el deber de, preservarlo. El. daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley,

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho,. a la utilización natural de los Recursos Naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.

Sé prohibe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radioactivos".

Fuentes: Conciencia solidaria, ONG interprovincial; Constitución nacional argentina

Censura en Honduras

Quiero expresar mi repudio por el golpe de estado en Honduras, y mi apoyo a los trabajadores de la información que defienden la libertad de expresión y derecho a la información desde las bibliotecas y otros centros de información de ese país.

Nathalie Roque Sandoval fue despedida de su cargo como Directora de la Hemeroteca Nacional de Honduras, por investigar archivos periodísticos para esclarecer el pasado de los actuales golpistas. Fue acusada por la actual minista de facto de Cultura, Artes y Deportes (SCAD), ante el Ministerio Público por “divulgar sin autorización material secreto de la SCAD" (material peridístico de acceso público), hasta su despido injustificado la tarde del martes 21 julio de 2009.

"Natalie Roque se había defendido de la única manera posible en este país: por e-mail o por sitios virtuales. La comunidad artística y cultural del país se ha solidarizado con su postura ética y ha apoyado su valentía" (Gustavo Campos)

Las denuncias de Nathalie Roque:

A quienes me conocen, saben que he desempeñado mi labor en la Hemeroteca Nacional con esmero, y que gracias al apoyo decidido de Rebeca Becerra (injustamente despedida y perseguida) y el Ministro Pastor Fasquelle (ahora en el exilio en México), hemos logrado llevar a cabo un proceso total de modernización, restauración, capacitación de personal, así como la implementación de nuevos proyectos tendientes a proteger el patrimonio documental de la nación y generar conciencia-memoria histórica en la población a través de boletines electrónicos, exposiciones, conversatorios y eventos culturales, publicaciones de libros, entre muchas otras.
El día de hoy fui informada que se están realizando pesquizas en mi contra y que era probable me requiriesen del Ministerio Público por mis delitos: durante mi tiempo libre he decidido investigar el pasado de los golpistas, y por ser información pública de periódicos, he decidido compartirla con amigos y gente de la resistencia;
Además, no me plegué a la autoridad golpista y manifesté personalmente mi posición de repudio al golpe de Estado que les ha llevado a asumir la SCAD.
Aparentemente tienen evidencia contundente en mi contra: - He removido y traído a la luz el pasado (se les olvida que soy historiadora y que como tal he sido formada... )
- He ingrasado a la Hemeroteca en horarios no laborales (Nunca he tenido horario, trabajo sábados y domingos, hasta medianoche, etc.)
- He publicado información confidencial de SCAD (Periódicos y decretos públicos y de alta circulación nacional)
- He participado en las manifestaciones anti-golpe (Estaba con permiso laboral y mis fines de semana son míos!!)
- Soy de izquierda (Nunca lo he negado)
- Nací en Rusia y me crié en Nicaragua (Qué crimen!!! Haber sido perseguida política desde antes de nacer)
Soy una persona honesta y no he cometido ningún delito, investigar y difundir la historia no es un crimen y hasta donde yo sé pensar distinto TAMPOCO!

Saludos desde la resistencia!
Natalie Roque
Cuidadana en Resistencia.

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Yo vuelvo a denunciar a Myrna Castro

El día de hoy en horas de la tarde y luego de dos semanas de pesquisas y denuncias en mi contra, al no poder justificar mi despido deshonroso, la Ministra de Facto Myrna Castro me ha enviado mi cancelación por cesantía.

Notificándome su mensaje: que mi presencia no sería soportada ni un minuto más. Una comitiva de Personal, Bienes Nacionales y Jefatura de Seguridad me escoltaron (disculpándose, pues me conocen hace tres años) mientras recogía mis pertenencias y desalojaba mí hasta hoy centro laboral.

La Sra. Castro no pudo soportar que frente a frente le expresara mi repudio al golpe y el desconocimiento a su autoridad de facto, tampoco soportó que publicara el sucio pasado de sus ahora jefes, denunciándome inclusive ante el Ministerio Público por emisión de pensamiento y difusión de material público. ¡No faltaba más!

Denuncio a la Sra. Castro por persecución ideológica, acoso y despido injustificado.

La denuncio también en nombre de la comunidad artística y cultural: nos sentimos
profundamente ofendidos y preocupados por el nombramiento ilegal y encima de una persona tan poco calificada para el puesto.

Finalmente, la denuncio en nombre de los niños, jóvenes y comunidades postergadas, a quienes quiere limitar el acceso a libros y bibliotecas, en perjuicio de los escritores a quienes piensa censurar.

Reitero mi repudio al golpe de Estado y mi desconocimiento a las autoridades de facto. ¡RESISTENCIA!

Natalie Roque Sandoval
21 de julio de 2009

Fuente: Campos, Gustavo. Ministra de facto de Cultura y Artes despide a Directora de la Hemeroteca Nacional de Honduras. Mimalapalabra. 21 de julio de 2009.