Archivos desaparecidos

El delegado de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Rubén Bonelli, señaló que el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay se declaró incompetente en la investigación de la quema de expediente de la Jefatura de Policía de Concordia. Se desconocen los fundamentos de la decisión. La presentación fue realizada por el bloque de diputados radicales y apuntaba a saber quién o quiénes y cómo se autorizó en 2004 la quema de documentación pública, perteneciente a la Jefatura que había sido requerida en el marco de una investigación por desaparición de personas. Ahora queda en pie la investigación en la Justicia ordinaria.

De acuerdo a la ley de Archivo 7452 del año 1984, está prohibido destruir documentaciones con valor jurídico y/o histórico-cultural. No obstante, un acta del 10 de marzo de 2004 ordenaba la quema de varios archivos, entre ellos los “libros de guardia de las distintas dependencias policiales del ámbito de la Jefatura Departamental Concordia”. El acta llevaba las firmas de la entonces Directora de Archivo, Graciela Bascourleguy, el jefe de policía departamental en ese momento, Alfonso Rubén Gregorutti y del asesor Legal, comisario Vicente Marcelo Terzaghi, entre otros.

En Concordia siempre se aseguró (sin prueba documental) que, en esa departamental estuvo “chupado” el obrero ferroviario desaparecido Sixto Zalazar. En el libro quemado debió estar asentado ese hecho ocurrido el 26 de mayo del 1976. Apenas 4 meses después del expurgo, el 8 de julio 2004, el ex gobernador Jorge Busti promulgaba la Ley de Registro Único de la Verdad que, en su artículo 2º pone a disposición de ese Registro los “archivos de la policía”.

Fuente: Argenpress