Mapa sobre Acceso a la Información en América Latina

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Este mapa del Centro Knight para el Periodismo en las Américas provee la información básica sobre normativa en materia de acceso a la información pública y transparencia en América Latina. Las marcas azules indican leyes que específicamente regulan el acceso a la información. Marcas rosadas, leyes aprobadas pero aún sin promulgar. El amarillo se refiere a leyes en trámite y el rojo, a países donde el acceso a la información no existe como ley, incluso si este derecho está reconocido constitucionalmente.

La China y la Libertad

Comunicado de prensa de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ONU.

Profunda preocupación por la represión a los defensores de derechos humanos desde que Liu Xiaobo fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz

GINEBRA (13 de diciembre de 2010) - Tres expertos independientes de la ONU* expresaron su preocupación actual por la represión de defensores de derechos humanos desde que Liu Xiaobo fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz hace dos meses.

"Desde el 8 de octubre de 2010, hemos recibido informes de más de 20 arrestos o detenciones de defensores de derechos humanos, y más de 120 otros casos de arrestos domiciliarios, incluyendo la esposa de Liu Xiaobo, Liu Xia, restricciones de viajes, desplazamientos forzados, actos de intimidación, y bloqueo de medios de comunicación, incluyendo la eliminación de contenidos en Internet sobre el Premio Nobel de la Paz ", declararon los expertos.

Los expertos de la ONU destacaron que "esta reciente y alarmante tendencia a restringir el espacio de ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la posibilidad de que los defensores chinos de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades pacíficas y legítimas llama a cuestionar el cumplimiento del compromiso de China de promover y proteger los derechos humanos".

También lamentaron que Liu Xiaobo no pudo asistir a la ceremonia personalmente ya que se encuentra en prisión cumpliendo una sentencia de once años por luchar pacíficamente por un mayor respeto a los derechos humanos en China.

"Instamos al Gobierno de la República Popular de China a que adopte todas las medidas necesarias para poner fin a estas restricciones y reiteramos nuestro llamamiento a la liberación de todas las personas detenidas por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales, entre ellos, Liu Xiaobo," dijeron los expertos, quienes además instaron al Estado a que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

(*) Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos;
Frank La Rue, Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión;
El Hadji Malick Sow, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Día Internacional del Derecho a Saber

El pueblo tiene derecho a saber.

El día Internacional del Derecho a Saber se celebró por primera vez el 28 de Septiembre del 2003 por iniciativa de los defensores del acceso a la información de todo el mundo.

El objetivo de la celebración es concienciar a todo los individuos sobre:

• su derecho al acceso de información de las actividades del gobierno;
• el derecho a saber sobre como los políticos y gobernantes ejercen su poder;
  
• el derecho a saber como gasta el dinero el gobierno el dinero que recibe por el pago de impuestos de los ciudadanos.

El día que en Argentina se cumplan estos derechos, festejaremos este día. Mientras tanto difundamos, defendamos y hagamos conocer el valor de estos derechos.

IX Jornadas Regionales y VII Provinciales de Bibliotecarios - Rosario

IX Jornadas Regionales y VII Provinciales de Bibliotecarios / Asociación de Bibliotecarios Profesionales de Rosario

“La biblioteca en el bicentenario y su proyección en el siglo XXI”

LUGAR
Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez.
Presidente Roca 731, Rosario.

FECHA
10 y 11 de setiembre de 2010

OBJETIVOS:
A través de las jornadas de este año, la asociación busca compartir vivencias, inquietudes y conocimiento, en un marco de reflexión, debate e intercambio de experiencias.
En el marco del bicentenario, nos proponemos:
- Reflexionar sobre nuestra historia, nuestro presente y sobre los desafíos del futuro, aplicados a las temáticas relacionadas con el rol social de la biblioteca, y su compromiso con la comunidad a través de sus servicios.
- Discutir cuales son nuestras responsabilidades como integrantes de las bibliotecas frente a los desafíos de la época.
- Razonar sobre el rol de las bibliotecas como centros implicados en la mejora de la calidad de vida y el cambio social.
- Lograr manifestaciones conjuntas, fruto de nuestras reflexiones, que nos permitan reconocernos, identificarnos, y así proyectar nuestra tarea en las áreas de la información, la cultura y la educación.

METODOLOGÍA:
La forma de trabajo será desarrollada mediante conferencias de especialistas en los diferentes temas, seguidas de debate con los participantes.

Al término de las conferencias se realizarán talleres de reflexión a partir de textos disparadores, que originarán conclusiones sobre los ejes temáticos.

EJES TEMÁTICOS:

1. Biblioteca e ideología.
Participación de la biblioteca en la historia social argentina desde 1810. Rol de la biblioteca como fuente de acceso al conocimiento y formadora de pensamiento crítico. Participación ciudadana, derecho a la libertad de creencias y de expresión.

2. Bibliotecas: organizaciones para el cambio social.
De la alfabetización alfabética a la informacional. Compromiso social, brecha digital y acceso a la información. Las bibliotecas como instrumento para la educación y el desarrollo.

3. Tecnología y bibliotecas: Gestión y acceso participativo
Los desafíos del siglo XXI: Inclusión social y las nuevas tecnologías, conservación del patrimonio digital, derecho de autor vs. Derecho de acceso a la información.

DIRIGIDO A:
Trabajadores de la información, bibliotecólogos, documentalistas, archivistas, museólogos, investigadores, docentes, estudiantes de Bibliotecología, y toda persona que tenga interés en participar.


INSCRIPCIÓN:
- Personalmente en la Sede de la ABPR.
- Por correo electrónico, completando el formulario de inscripción.
- Durante la acreditación.

COSTO DE INSCRIPCIÓN:

SOCIOS ABPR: $70.-
NO SOCIOS ABPR: $120.-
ESTUDIANTES ISET Nº 12 y 18: $70.-

Formas de pago:
- En efectivo, en nuestra oficina o el día de la acreditación.
- Depósito del monto correspondiente en la Cuenta Corriente Especial en Pesos No. 175.229.050/5 del Bco. Nación Argentina - Sucursal No. 1265 Calle San Luis – Rosario, a nombre de Asociación de Bibliotecarios Profesionales de Rosario. CBU: 01101757-40017522905058.

- El comprobante deberá ser presentado durante la acreditación.


Consultas e inscripciones:
Sede de Asociación de Bibliotecarios Profesionales de Rosario
Corrientes 653 — 1º piso, Of. 4, Rosario, Pcia. Santa Fe

Tel. 54-341-411-2075

E-mail: abprosarios@yahoo.com.ar
Blog: http://abprblog.blogspot.com


PROGRAMA

VIERNES 10 DE SETIEMBRE:

8:00/9:30: Acreditación

9:30/9:40: Palabras de bienvenida de la presidenta de la ABPR, María Rosa Adamo.

9:40/10:40: Conferencia de apertura: «El Bicentenario y la Biblioteca Pública» / Alejandro Parada.
Preguntas y debate

11:00/12:00: «Servicios al público: paradigmas, contradicciones y lectores» / Susana Romanos
Preguntas y debate

12:30/14:00: Brindis de Bienvenida

14:00/15:00 «La Biblioteca Electrónica de Ciencia y tecnología y el Sistema Nacional de Repositorios Digitales en Ciencia y Tecnología» / Paola Azrilevich
Preguntas y debate

15:30/16:30 Talleres:

«Rol de la biblioteca como fuente de acceso al conocimiento y formadora de pensamiento crítico»
Coordina: Susana Romanos

«Las bibliotecas como instrumento para la educación y el desarrollo».
Coordina: Alejandro Parada.


SABADO 11 DE SETIEMBRE:

10:00/10:20: Lectura de las conclusiones de los talleres.

10:20/11:00: «Desarrollo profesional: transdisciplina y profesionalismo» / Nicolás Tripaldi.

11:00/11:30: Entrega de diplomas y pins a los nuevos profesionales.

11:30: Entrega de certificados. Coffee Break

Barrer barreras de acceso a la informacion publica

La Auditoría General de la Nación (AGN) presentó el 11 de agosto pasado un amparo judicial contra la Sindicatura General de la Nación (Sigen) por demorar y resistirse a brindar la información de más de 300 expedientes vinculados con auditorías realizadas al Gobierno durante 2009 en los ministerios del Poder Ejecutivo. El pedido de intervención judicial presentado por Leandro Despouy, podría obligar al jefe de la Sigen, Daniel Reposo, a entregar todas las investigaciones realizadas al Gobierno.

Despouy, el titular de la AGN, fundamentó su presentación aludiendo desobediencia de la Constitución e incumplimiento de la ley de administración financiera de parte de la Sigen. Expresó que la AGN necesita los informes para que se "facilite el desarrollo de la actividad de auditorías y se advierta sobre actos o conductas irregulares del Estado". También planteó que es "inadmisible y ficticia" la respuesta de la Sigen para justificar su negativa a brindar información.

Desde marzo la Sigen se negó a entregar documentación a la AGN al aducir "el respeto de los principios de protección de datos personales" y retiró de su página web todos los informes de control que eran de acceso público.

Según Fernando Straface, director ejecutivo del Cippec, "Es imprescindible y urgente la sanción de una ley nacional de acceso a la información que respete estándares internacionales y termine con este tipo de prácticas contrarias a la transparencia".

Agrega que antes todos los informes de la Sigen podían encontrarse sin restricciones en el sitio www.sigen.gov.ar. En cambio, ahora presenta un listado de los informes, pero para acceder a su contenido es necesario realizar un pedido por escrito. "Esta práctica es una regresión, y es contraria al derecho a la información reconocido en forma expresa en la Constitución nacional desde la reforma de 1994".

Además, "con este requisito, el organismo incrementa las barreras de acceso a información pública que en nada compromete el resguardo de datos personales de carácter sensible (aquellos que se relacionan con las preferencias sexuales, religiosas o partidarias). De hecho, en este caso, importan más las dinámicas institucionales descriptas en los informes que los nombres de los funcionarios a cargo de las operaciones analizadas".

Fuente: La Nación. 5 de septiembre de 2010.

Archivos desaparecidos

El delegado de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Rubén Bonelli, señaló que el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay se declaró incompetente en la investigación de la quema de expediente de la Jefatura de Policía de Concordia. Se desconocen los fundamentos de la decisión. La presentación fue realizada por el bloque de diputados radicales y apuntaba a saber quién o quiénes y cómo se autorizó en 2004 la quema de documentación pública, perteneciente a la Jefatura que había sido requerida en el marco de una investigación por desaparición de personas. Ahora queda en pie la investigación en la Justicia ordinaria.

De acuerdo a la ley de Archivo 7452 del año 1984, está prohibido destruir documentaciones con valor jurídico y/o histórico-cultural. No obstante, un acta del 10 de marzo de 2004 ordenaba la quema de varios archivos, entre ellos los “libros de guardia de las distintas dependencias policiales del ámbito de la Jefatura Departamental Concordia”. El acta llevaba las firmas de la entonces Directora de Archivo, Graciela Bascourleguy, el jefe de policía departamental en ese momento, Alfonso Rubén Gregorutti y del asesor Legal, comisario Vicente Marcelo Terzaghi, entre otros.

En Concordia siempre se aseguró (sin prueba documental) que, en esa departamental estuvo “chupado” el obrero ferroviario desaparecido Sixto Zalazar. En el libro quemado debió estar asentado ese hecho ocurrido el 26 de mayo del 1976. Apenas 4 meses después del expurgo, el 8 de julio 2004, el ex gobernador Jorge Busti promulgaba la Ley de Registro Único de la Verdad que, en su artículo 2º pone a disposición de ese Registro los “archivos de la policía”.

Fuente: Argenpress

Saber es un derecho, que ahora sea ley

“Saber es un derecho. ¡Qué ahora sea ley” es la consigna de una campaña lanzada por varias ONG para lograr una norma nacional de acceso a la información pública.

En un documento conjunto, las entidades que promueven la campaña destacan “la importancia del acceso a la información pública como una herramienta para poder ejercer derechos fundamentales, monitorear la gestión pública y fomentar la participación ciudadana”.

También que una ley de esa naturaleza “debe establecer mecanismos claros para poder reclamar y recibir información de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de crear una autoridad de aplicación eficaz y fijar plazos breves para la entrega de los datos requeridos y establecer excepciones concretas”.

Esa declaración fue girada -el jueves pasado- a todos los diputados y senadores nacionales, ya que el parlamento argentino reabrió el debate sobre diversos proyectos de ley que posibiliten acceder a información de los distintos organismos estatales.

Promuevan la campaña las siguientes ONG: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia; Asociación por los Derechos Civiles; Poder Ciudadano; Centro de Estudios Legales y Sociales; Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento; Equipo Latinoamericano de Justicia y Género; Foro de Periodismo Argentino; Fundación Ambiente y Recursos Naturales; Fundación Mujeres por la Igualdad; y Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer.

Para adherirte a la campaña y mayor información, acceda a Saber es un derecho. Campaña por una ley nacional de acceso a la información pública en Argentina

modelo para armar la ley de acceso a la información pública

Un grupo selecto de expertos de América Latina, hizo hoy la entrega formal a la OEA de la propuesta de una ley modelo sobre acceso a la información pública para todo el continente americano, con vistas a su aprobación final en junio.

Una vez aceptado, supone el compromiso de los países miembros de impulsar leyes a este respecto, en caso de no haya legislación o que estén por debajo de la ley modelo.

El documento establece que un nuevo régimen de acceso a la información pública supone el principio de “máxima publicidad”, en el cual es accesible cualquier información en posesión, custodia o control de las autoridades públicas. Las legislaciones que se implementen en los países del continente americano deben hacer sujetos obligados a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a la estructura federal, regional, provincial o municipal; y extensiva a organizaciones privadas que reciben fondos públicos sustanciales o desempeñan servicios públicos.

La propuesta establece que la sociedad tiene derecho a que la información que obra en poder de la autoridad pública se proporcione de forma expedita, las solicitudes sean gratuitas, anónimas y sin necesidad de justificación. En los casos en que la situación económica de los solicitantes sea de pobreza, no se deberá cobrar por reproducción o envío; y se podrá apelar si la información no es entregada.

La información que maneja el gobierno es pública por definición, pero reservada solo por excepción.
Las excepciones deben quedar claramente establecidas y sólo deberán aplicarse en dos supuestos: cuando se dañen derechos privados (a la vida, a la privacidad, a la salud, a la seguridad, los intereses comerciales y económicos legítimos y la propiedad intelectual); y cuando se afecten derechos públicos (la seguridad, la defensa nacional, las relaciones internacionales y el manejo de la economía, entre otros).

No aplican las excepciones en los casos en los en que el interés público es mayor que el daño causado al interés protegido, como en casos de violaciones graves de los derechos humanos fundamentales o delitos de lesa humanidad.

La Ley Modelo establece que se deberán llevar a cabo tareas de promoción del acceso a la información gubernamental mediante el monitoreo que el poder legislativo haga de la operación de la ley, a través de capacitación a las autoridades y a los solicitantes de información, y como parte de los sistemas de educación básica.

Queda ahora en manos de los países miembros de la OEA la aceptación de esta Ley Modelo, y la promoción política que haga realidad que todos los países del continente americano tengan una ley de acceso a la información pública.

Amén.

Informe de la CIDH 2009 sobre Libertad de Expresion

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el pasado 15 de abril, su Informe Anual 2009, en el cual se incluye el Informe Anual 2009 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
En el capítulo sobre Argentina, trata sobre:

Ley 26.551
La Relatoría valora positivamente esta ley, mediante la cual las expresiones u opiniones relacionadas con asuntos de interés público no podrán configurar calumnia o injuria, y no se configurará delito contra el honor cuando se publique o reproduzca información cuyo contenido sea atribuido “en forma sustancialmente fiel” a su fuente.
Observa, sin embargo, que la reciente reforma penal deberá ser complementada con una modificación del Código Civil que evite el uso desproporcionado de las sanciones, que pueden ser utilizadas como un mecanismo de censura.

Ley No. 26.522, Servicios de Comunicación Audiovisual
La Relatoría Especial considera que la ley representa un importante avance respecto de la situación preexistente en Argentina.
Al mismo tiempo, observa algunas de sus disposiciones:
-- La asignación a la Iglesia Católica de una autorización privilegiada para usar una frecuencia de manera permanente, sin necesidad de someterse a concurso en igualdad de condiciones.
-- La vaguedad de conductas y supuestos que pueden llevar a la aplicación de sanciones graves, como “la desnudez y el lenguaje adulto fuera de contexto”, “los materiales previamente editados que enfaticen lo truculento, morboso o sórdido” o “la realización de actos contra el orden constitucional de la Nación o utilización de los medios para proclamar e incentivar la realización de tales actos”.
Al respecto, la Relatoría recuerda al Estado que las normas sancionatorias vagas o imprecisas pueden terminar amparando decisiones arbitrarias que por vía indirecta censuren a medios o contenidos, por la simple expresión de discursos que resultan protegidos por la Convención Americana. Conviene recordar al Estado, que la CIDH ha sostenido reiteradamente que el derecho a la libertad de expresión también incluye la protección de afirmaciones que puedan resultar ofensivas, perturbadoras o ingratas para el Estado.
-- En materia de medios públicos, las autoridades más importantes del sistema son designadas mayoritariamente por el Poder Ejecutivo, sin que el proceso de designación o las condiciones orgánicas, institucionales y funcionales restantes otorguen suficientes garantías de funcionamiento independiente.
-- La adjudicación de licencias cuya área primaria de servicio supere los cincuenta kilómetros y se encuentren en poblaciones de más de quinientos mil habitantes, previo concurso, por el Poder Ejecutivo Nacional; en cambio, las correspondientes a los restantes servicios de comunicación “serán adjudicadas por la autoridad de aplicación”. La Relatoría Especial toma nota de esta diferencia y exhorta al Estado a que la misma no se traduzca en formas indirectas de incidir en la libertad de expresión.
-- La Relatoría Especial toma nota del contenido de algunas disposiciones, como los artículos 3, 17 y 70, entre otras, y llama al Estado y autoridades encargadas de implementar la ley, a respetar la obligación de no injerencia del Estado en los contenidos (obligación de neutralidad).
-- Con respecto al literal (h) del artículo 3 que menciona “la actuación de los medios de comunicación en base a principios éticos”; la relatoría entiende que la misma se refiere exclusivamente a las autorregulaciones que los medios dispongan. A este respecto, el principio 6 de la Declaración de Principios establece que, la “actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”.

La Relatoría considera esencial que la autoridad de aplicación se conforme de manera tal que otorgue garantías de independencia e imparcialidad a todos los sectores y que en la implementación de la ley se tenga en cuenta, fundamentalmente, que la finalidad más importante de toda norma de esta naturaleza es garantizar un mayor despliegue de la libertad de expresión. En este punto, llama a las autoridades competentes a atender los estándares interamericanos a la hora de implementar la ley.

Publicidad oficial
La Relatoría Especial observa con satisfacción la decisión de la Sala IV de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal, que ordenó al Estado “dispon[er] la distribución de publicidad oficial en las distintas publicaciones” de Editorial Perfil S.A. y Diario Perfil S.A.
La Relatoría Especial recuerda al Estado que tiene el deber de establecer criterios claros, transparentes, objetivos y no discriminatorios para la determinación de la distribución de la publicidad oficial, e insta al Estado a promover la aprobación de legislación para la regulación de la distribución de la publicidad oficial.

Asesinato de periodistas (caso Cabezas)
Por otro lado, la Relatoría Especial toma nota de la resolución de la Sala II del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires rechazó el recurso de nulidad presentado por Gustavo Prellezo contra la sentencia (2000), que lo condenó a prisión perpetua como autor de los delitos de sustracción de persona agravada y homicidio calificado del fotógrafo José Luis Cabezas.
La Relatoría Especial reitera al Estado que tiene “el deber jurídico de prevenir las violaciones de los derechos humanos, de investigar las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”.

Actos de violencia en contra de medios de comunicación
La Relatoría Especial lamenta que durante 2009 se continuaran recibiendo denuncias sobre actos de violencia en contra de medios de comunicación:
-Derrumbamiento de las antenas de Radio Goya en la provincia de Corrientes y Radio Mocoví en la provincia del Chaco, que impidieron su transmisión.
- Interferencias en las señales de los canales 13, Todo Noticias y Radio Mitre que impidieron que sus transmisiones fueran recibidas al interior y exterior del país por varias horas,
- Incendio intencional en las instalaciones de la emisora FM Radio Activa en El Bolsón, provincia de Río Negro,
- Pintadas en aerosol en once receptorías de avisos del diario Clarín con mensajes tales como “Clarín miente”, haciendo alusión a repetidas afirmaciones de autoridades públicas. De la misma manera, el domicilio de uno de los directivos de Clarín fue atacado por desconocidos que arrojaron huevos y pintura.
- Operativo con decenas de agentes de la AFIP en la sede del Grupo Clarín con el objetivo de recabar datos de índole tributaria y previsional en el marco de una inspección. El 14 de septiembre de 2009 la Relatoría Especial envió una comunicación al Estado para solicitar información sobre lo ocurrido. Sin embargo, a la fecha de cierre del presente informe, no recibió información sobre el avance o los resultados de las investigaciones internas sobre el mencionado operativo.
- Bloqueo por varias horas de las instalaciones de las plantas impresoras de los diarios Clarín y La Nación, por miembros del sindicato de transportadores, impidiendo su posterior distribución en el resto del país. Organizaciones y medios de comunicación locales señalaron que la medida del sindicato buscaba afectar de manera particular a los medios críticos de la gestión del gobierno.

Agresiones y amenazas recibidas por periodistas
La Relatoría Especial recibió información sobre amenazas telefónicas a Gustavo Heredia, de Radio Universidad de San Luis, y Daniel Enz, director del semanario Análisis en Paraná, y agresión física y verbal a Viviana Villar, periodista de Canal CVI 5 en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, por el Intendente de Puerto Iguazú, Claudio Raúl Filippa.
En este contexto, la Relatoría Especial exhorta a las autoridades del Estado argentino a adoptar las medidas necesarias para garantizar que los comunicadores sociales y los medios de comunicación puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión, así como a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

De otro lado, la Relatoría Especial fue informada de que se habría sacado del aire el programa radial que conducía el periodista Nelson Castro en Radio Del Plata. Organizaciones no gubernamentales señalaron que este hecho podría ser una represalia contra el reportero por su labor y porque en el programa se vertían opiniones críticas contra el gobierno nacional. El principio 5 de la Declaración de Principios señala que, la “censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.

Derecho de acceso a la información
-- Valoración positiva de la sentencia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario No. 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ordenó que las autoridades competentes entregaran al periodista Pedro Martínez información relativa al personal de dos agencias de seguridad bonaerenses, que le había sido negada por la Dirección General de Seguridad Privada.
-- La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata denegó a Alejandro César Suárez, director del diario Mi Ciudad, la información respecto de “la nómina completa de los empleados de la Municipalidad de Florencio Varela, las tareas que desempeñan y las remuneraciones que perciben por tal concepto”. La Relatoría Especial manifiesta su particular preocupación porque en la resolución, el tribunal señaló que “el actor no ha[bía] podido demostrar un particular interés” que justifique informarle acerca de la información requerida.
-- El Ministerio de Economía y Producción finalmente publicó la información relacionada con los factores de cálculo del Índice de Precios al Consumidor. La solicitud fue originalmente presentada en 2007 ante el INDEC por una organización local con el propósito de conocer cómo se calculaba el índice de pobreza en Argentina. En mayo de 2008, la respuesta del INDEC había sido considerada por el Tercer Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal como “insuficiente e inadecuada para satisfacer el derecho de acceso a la información y así permitir una efectiva participación ciudadana”.

La Relatoría Especial recuerda al Estado que de acuerdo con lo establecido por la Corte Interamericana, no es necesario acreditar un interés directo ni una afectación personal para obtener la información en poder del Estado, salvo en casos de carácter excepcional, consagradas legalmente, bajo objetivos legítimos, y en las que se apliquen los criterios de necesidad y estricta proporcionalidad.
Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho acceso a la información.
La Relatoría Especial exhorta al Estado a promover la aprobación de una ley sobre acceso a la información en concordancia con los estándares del sistema interamericano.

Fuente:
Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009: Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión / Dra. Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión, 30 diciembre 2009.

Acceder a la información pública en Argentina

Cada vez menos acceso
"A medida que pasan los meses, resulta más complicado acceder a los datos que arrojan las políticas de la gestión del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es que, durante el último tiempo, varias dependencias estatales limitaron el acceso a los datos necesarios para llevar adelante un balance de las determinaciones de las autoridades:
EL INDEC
Desde 2007, cuando el Gobierno lo intervino, las estadísticas oficiales quedaron bajo sospecha. Opositores y técnicos chocaron contra una pared cada vez que intentaron saber cómo se trabaja en el organismo.

Ministerio de Economía
Desde el 20 de diciembre de 2009 no actualiza en su sitio de Internet los datos de la ejecución del presupuesto nacional, información que hasta el año pasado solía renovarse casi en forma semanal. Eso permitía seguir de manera detallada la distribución de fondos por programas y entre las distintas provincias. Cuando ahora se ingresa en esa página, aparece la opción "consulta", que sólo permite enviar un e-mail a una casilla anónima.
Los legisladores interesados en seguir de cerca la ejecución presupuestaria se ven obligados a acudir a otras fuentes de información, no oficiales, para obtener las cifras buscadas.

Publicidad oficial
La Jefatura de Gabinete se negó a informar detalles del gasto en publicidad oficial, al alegar que intenta "proteger datos personales". La política cambió desde que el Estado se hizo cargo de transmisiones de fútbol.

La sigen
La Sindicatura General de la Nación, que investiga eventuales irregularidades en la gestión, publicaba todos sus informes. Ahora, para acceder a ellos, hay que pedirlos por escrito. Y las autoridades pueden negarse a darlos. Según voceros del organismo, el objetivo de las modificaciones es 'proteger datos personales'.

Mejordemocracia
Como ya había sido publicado en este blog, Se bloqueó el sitio Mejor Democracia destinado a brindar datos públicos y su URL fue redireccionada a la web de la Jefatura de Gabinete de Ministros. A esta situación se le sumó la designación de Andrés Cuervo Larroque, uno de los referentes de La Cámpora, en el cargo de Director de Fortalecimiento de la Democracia, y en diciembre, la renuncia de Marta Oyhanarte al frente de la subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia"

Administración Nacional de Seguridad Social (Anses)
Los legisladores que integran la comisión bicameral a cargo de controlar el manejo de los fondos previsionales alertaron que la última información actualizada sobre las operaciones de la Anses data de diciembre del año pasado. Esa es la mayor caja del Estado nacional, sobre todo desde la nacionalización de los fondos previsionales, dispuesta a fines de 2008.

Esos mismos dirigentes advierten que esta demora se observa en el detalle de la ejecución de las obras públicas.
Por ejemplo, la última actualización del programa Fonavi (construcción de viviendas) data de septiembre del año pasado.



Después de varios años de ausencia, el debate sobre el acceso a la información pública volverá este año al Congreso
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Graciela Camaño, tiene previsto someter el tema a discusión en las próximas semanas, como fruto de un acuerdo con el resto de la oposición. [...] En la comisión que preside Camaño hay ocho proyectos para sancionar una ley de acceso a la información. Se suman a otros tres con estado parlamentario en el Senado. Algunos de ellos fueron presentados varias veces desde 2006. Aquel año perdió estado parlamentario una iniciativa que se había aprobado en Diputados y que contaba con apoyo de varias ONG. Fue luego de que, por impulso de la entonces senadora Cristina Kirchner, la Cámara alta le introdujera al texto modificaciones que lo hicieron inaceptable para sus promotores originales, dado que se alejaba de los estándares internacionales en la materia.

'Es importante que se sancione una ley de acceso a la información, porque el secreto es lo contrario de la democracia. La capacidad de los ciudadanos de involucrarse en la cosa pública hace que pueda haber millones de ojos controlando a los funcionarios', afirmó la diputada Patricia Bullrich, autora de uno de los proyectos, junto con su colega Claudia Gil Lozano.


Fuentes:
Es cada vez más difícil acceder a la información pública de la gestión CFK. 3-4-2010. En: Perfil)
Ramón Indart. Desde Secretaría de la Presidencia siguen sin brindar información pública. 11-02-2010, en: Diario Perfil.
Vuelven a debatir una ley para liberar la información. 3-4-2010. En: La Nación
Gabriel Sued. Impide el Gobierno que se conozcan datos de su gestión. 3-4-2010. En: La Nación

Derecho a saber para decidir

Tres activistas de género de Santiago del Estero fueron denunciadas por una funcionaria del gobierno provincial por haber informado a la familia de una niña de 14 años que había sido violada, que tenía derecho a un aborto no punible.
Ver la nota completa en Página 12

Censura, criminalizacion de la protesta y represión

"La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) cuenta con una comisión permanente de “legales” y con una Red de Asistencia Jurídica (Redaj). Romina Tello Cortez integra ambos espacios, detalla que se crearon por necesidad ante las persecuciones judiciales de los asambleístas y no duda: “Existe una criminalización constante de la lucha de las asambleas”. Afirma que en todas las provincias se repite la misma metodología. Cuando comienzan los cortes de ruta, fiscales y funcionarios hacen el trabajo sucio: presentan denuncias penales y amenazan con la cárcel. “Cuando observan que la resistencia sigue firme, viene la represión”, señala y ofrece como muestra lo sucedido en Andalgalá en febrero, con una decena de presos y una veintena de heridos.
Federico Zini tiene 23 años, estudia seguridad e higiene laboral, atiende un kiosco y milita en la Asamblea Sanjuanina Contra la Contaminación y el Saqueo. En tiempos donde mucho se debate la ley de medios audiovisuales, tiene una certeza poco conocida fuera de Cuyo. “En San Juan ningún medio masivo puede criticar la minería. Las radios, los diarios y los canales de televisión parecen manejados por las empresas mineras y, claro, el gobierno provincial, que pareciera empleado de empresas como Barrick Gold.” Dos anécdotas grafican la incomunicación. Todos los martes, desde hace cinco años, la Asamblea se reúne en la plaza principal de la provincia (25 de Mayo). Sin importar la concurrencia, jamás un medio masivo de San Juan dio cuenta de su existencia, ni para criticarlos. Segunda anécdota: el 7 de junio de 2009, el gobierno de San Juan prohibió la venta de una revista dominical que se entrega con los principales diarios de la región. La publicación (llamada Rumbos, de Editorial La Nación) contenía un artículo crítico a la minería. La increíble censura, reconocida incluso por el mismo gobernador José Luis Gioja, consistió en secuestrar (literalmente) todas las revistas antes de su distribución"

"Contra el modelo extractivo" / Darío Aranda. Página 12. 28 de marzo de 2010.

Misión sin cumplir

En la provincia de Misiones, unos 200 mil niños están en condiciones de percibir la Asignación por Hijo, de los cuales solamente acceden 95 mil.
El Ministro de Desarrollo Social, Joaquín Losada, reconoció que "hay mucha gente que no llegó porque no tuvo acceso a la información" y evidenció que quienes quedaron excluidos de la Asignación son familias de pueblos pequeños del interior de Misiones.

Fuente: La prensa Misiones. 28 de febrero 2010.

Diez desafíos claves para la libertad de expresión en la próxima década

El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación, la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), con la colaboración de ARTICLE 19 Global Campaign for Free Expression, y Center for Law and Democracy

Adoptamos, el 3 de febrero de 2010, la siguiente Declaración sobre Diez Desafíos Claves para la Libertad de Expresión en la Próxima Década:


1. Mecanismos ilegítimos de control gubernamental sobre los medios de comunicación

[...] Si bien este control se manifiesta de diversas maneras, algunos de los aspectos más preocupantes incluyen:

a) Influencia o control político sobre los medios de comunicación públicos, de modo que éstos funcionen como portavoces del gobierno en lugar de medios independientes encargados de fomentar el interés público.

b) Los requerimientos de registro para los medios impresos o para el uso o acceso a Internet.

c) El control directo del gobierno sobre el otorgamiento de licencias o la regulación de la radiodifusión, o la supervisión de estos procesos por un organismo que no mantiene, tanto en la ley como en la práctica, una real independencia respecto del gobierno.

d) El abuso en la distribución de la publicidad del Estado o en el ejercicio de otras facultades estatales para influir en la línea editorial.

e) La propiedad o control significativo de los medios de comunicación por parte de líderes políticos o partidos.

f) Los procedimientos abiertos contra medios de comunicación independientes basados en motivaciones políticas.

g) El mantenimiento de normas obsoletas -como las leyes de sedición o la exigencia de la "veracidad" de las noticias- destinadas a criminalizar las críticas al gobierno.


2. Difamación penal

[...] Si bien todas las leyes que criminalizan la difamación son problemáticas, los principales rasgos de estas leyes que nos preocupan son los siguientes:

a) Estas normas no suelen exigir a quienes las invocan que prueben elementos claves del delito, como la falsedad de las afirmaciones y la intención dolosa.

b) Se trata de leyes que sancionan incluso declaraciones respecto de hechos verdaderos, la mera publicación de reportes fieles sobre declaraciones de entes oficiales, o la simple expresión de opiniones.

c) Algunas de estas leyes protegen la ‘reputación’ de organismos públicos, de símbolos patrios o del Estado mismo.

d) Estos regímenes jurídicos no exigen a las figuras y funcionarios públicos que muestren frente a la crítica un grado de tolerancia mayor al que se espera de los ciudadanos comunes.

e) En otras oportunidades, las leyes de difamación protegen creencias, escuelas de pensamiento, ideologías, religiones o símbolos religiosos, e ideas.

f) El uso del concepto de difamación colectiva para penalizar expresiones que no se encuadren en la categoría estrecha de instigación al odio.

g) La existencia de sanciones excesivamente severas, como penas de prisión o condenas en suspenso, pérdida de derechos civiles –incluyendo el derecho a ejercer el periodismo- y multas exorbitantes.


3. Violencia contra periodistas

[...] Particularmente, se encuentran en riesgo los periodistas que cubren problemas sociales, incluyendo crimen organizado o narcotráfico, que critican al gobierno o a los sectores de poder, que cubren violaciones a los derechos humanos o corrupción, o que trabajan en zonas de conflicto. Reconociendo que la impunidad genera más violencia, estamos particularmente preocupados por lo siguiente:

a) Estas agresiones no reciben la atención que merecen y no se asignan recursos suficientes que permitan prevenirlas o –cuando se producen- investigarlas y juzgar a quienes las perpetran.

b) No se reconoce la necesidad de adoptar medidas especiales para abordar estas agresiones, que no sólo suponen un ataque contra la víctima sino que además vulneran el derecho de las demás personas a recibir información e ideas.

c) La ausencia de medidas de protección para periodistas que han sido desplazados como resultado de estas agresiones.


4. Límites al derecho de acceso a la información

Durante los últimos diez años, el derecho de acceso a la información ha sido reconocido ampliamente como un derecho humano básico [...]. La adopción de cerca de 50 leyes en los últimos diez años demuestra que esta tendencia positiva continúa. No obstante, aún subsisten importantes desafíos. Las cuestiones que nos preocupan particularmente son:

a) El hecho de que la mayoría de los Estados no ha aprobado leyes que garanticen el derecho a la información.

b) Las leyes deficientes que se encuentran vigentes en numerosos Estados.

c) El enorme desafío que supone la implementación práctica del derecho a la información.

d) La falta de transparencia en torno a las elecciones, en un contexto electoral en el que la necesidad de transparencia es particularmente importante.

e) El hecho de que muchas organizaciones intergubernamentales no han hecho efectivo el acceso a la información respecto de la información que poseen en tanto organismos públicos.

f) La aplicación de leyes de reserva a periodistas u otras personas que no son funcionarios públicos, por ejemplo, para responsabilizarlos por publicar o diseminar información reservada que les ha sido entregada.


5. Discriminación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión

La igualdad en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión continúa siendo la excepción, en tanto los grupos históricamente menos favorecidos —como mujeres, minorías, refugiados, personas indígenas y minorías sexuales— aún luchan para que se tengan en cuenta sus opiniones y para poder acceder a la información que les concierne. Las cuestiones más preocupantes son:

a) Los obstáculos a la creación de medios de comunicación por grupos históricamente menos favorecidos.

b) El uso indebido de leyes sobre expresiones que instigan el odio para impedir que grupos históricamente menos favorecidos participen en debates genuinos sobre sus problemas e inquietudes.

c) La ausencia de medidas de autorregulación adecuadas para abordar:
i. La reducida proporción de miembros de los grupos históricamente menos favorecidos entre los trabajadores de los principales medios de comunicación, incluidos los medios públicos.
ii. La cobertura insuficiente por parte de medios de comunicación y otras organizaciones de temas relevantes para los grupos históricamente menos favorecidos.
iii. La difusión masiva de información estereotipada o peyorativa respecto de grupos históricamente menos favorecidos.


6. Presiones económicas

[...] Las cuestiones más preocupantes son:

a) La creciente concentración de la propiedad de los medios de comunicación, con posibles y preocupantes graves consecuencias para la diversidad de los contenidos.

b) La fractura del mercado publicitario, y otras presiones comerciales que se traducen en la adopción de medidas de reducción de costos, como menor proporción de contenido local, entretenimiento de bajo nivel intelectual y reducción del periodismo de investigación.

c) El riesgo de que los beneficios de la transición a las frecuencias digitales sean absorbidos en gran parte por los medios existentes, y de que otros usos, como las telecomunicaciones, operen en detrimento de una mayor diversidad y acceso, y de los medios de interés público.


7. Apoyo a emisoras públicas y comunitarias

Las emisoras públicas y comunitarias pueden desempeñar un rol sumamente importante al ofrecer una programación de interés público y complementar el contenido ofrecido por las emisoras comerciales. De este modo pueden contribuir a la diversidad y responder a la necesidad de información del público. Sin embargo, ambas enfrentan obstáculos. Las cuestiones más preocupantes son:

a) Los obstáculos cada vez más frecuentes al financiamiento público de las emisoras públicas.

b) La existencia de numerosos medios públicos que no tienen una misión pública claramente definida.

c) La falta de reconocimiento legal específico para el sector de las emisoras comunitarias sobre la base de criterios adecuados para dicho sector.

d) La decisión de no reservar frecuencias suficientes para las emisoras comunitarias ni crear mecanismos adecuados de financiamiento.


8. Seguridad y libertad de expresión

[...] Las cuestiones más preocupantes son:

a) Las definiciones vagas y/o excesivamente amplias de términos clave como seguridad y terrorismo, así como de las actividades que se prohíben (como brindar apoyo en materia de comunicaciones al "terrorismo" o al "extremismo"), la "apología" o "promoción" del terrorismo o extremismo, y la mera repetición de las declaraciones formuladas por terroristas.

b) El abuso de términos vagos con el fin de restringir expresiones críticas u ofensivas, como la protesta social, que no suponen incitación a la violencia.

c) Las presiones formales e informales a los medios para que no difundan información sobre terrorismo, con el argumento de que esto podría promover los objetivos de los terroristas.

d) El uso más amplio de técnicas de vigilancia y un menor control de los operativos de vigilancia, que inhiben la libertad de expresión y vulneran el derecho de los periodistas a proteger a sus fuentes confidenciales.


9. Libertad de expresión en Internet

[...] Las cuestiones más preocupantes son:

a) La fragmentación de Internet a través de la imposición de cortafuegos (firewalls) y filtros, y de requisitos de registro.

b) El bloqueo estatal de sitios Web y de dominios que permiten el acceso a contenidos generados por usuarios o redes sociales, por razones sociales, históricas o políticas.

c) El hecho de que ciertas corporaciones que proveen servicios de búsqueda, acceso, mensajería instantánea, publicación u otros servicios de Internet no realizan esfuerzos suficientes para respetar el derecho de quienes usan esos servicios a acceder a Internet sin interferencias, por ejemplo, por razones políticas.

d) Las normas que permiten que ciertos casos, particularmente sobre difamación, puedan ser juzgados en cualquier sitio, lo cual conduce a una situación de "mínimo común denominador".


10. Acceso a tecnologías de información y comunicación

[...] la mayoría de los ciudadanos en todo el mundo aún no tienen acceso a Internet o sólo tienen un acceso limitado. Las cuestiones más preocupantes son:

a) Las estructuras de precios que imposibilitan el acceso de los sectores pobres a Internet.

b) La omisión de extender la conectividad a todo el territorio, lo que deja a los usuarios rurales sin acceso.

c) La asistencia limitada a centros de tecnologías de la información y comunicación comunitarios y otras opciones de acceso público.

d) Esfuerzos insuficientes de capacitación y educación, en especial en sectores pobres, rurales y entre la población mayor.


Frank LaRue - Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión

Miklos Haraszti - Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación

Catalina Botero - Relatora Especial de la OEA para la Libertad de Expresión

Faith Pansy Tlakula - Relatora Especial de la CADHP sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información

Kimel y la justicia

El periodista y escritor Eduardo Kimel falleció sorpresivamente el día 10 de febrero de 2010. Kimel luchó por defender el derecho a contar la verdad, batalla que culminó con la llamada ley Kimel que eliminó los delitos de injurias y calumnias en casos de interés público.

En 1989 publicó el libro La masacre de San Patricio, en el que abordó el asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas pertenecientes al sector progresista del catolicismo, acribillados por un "grupo de tareas" de la dictadura dentro del templo católico de San Patricio el 4 de julio de 1976; y en el cual denunció la actuación de las autoridades encargadas de la investigación, entre ellas el juez Guillermo Rivarola.

En 1995, Kimel fue condenado a un año de prisión en suspenso y al pago de una indemnización de $20.000 (por entonces igual a dólares) como culpable de "injuria y calumnia" contra el juez al que mencionó en su investigación.

Convertido en un proceso paradigmático por la libertad de expresión, Kimel presentó el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), [como ya se mencionó acá] que en 2008 falló en su favor y en contra del Estado argentino, asentando un importantísimo precedente. Los fallos y jurisprudencia de la Corte Interamericana tienen fuerza de ley en la Argentina, por resolución de la Corte Suprema. En el caso de Kimel, la CIDH pidió al Estado anular los efectos de la sentencia penal contra el periodista, como forma de reparación. También le exigió promover reformas a la legislación sobre calumnias e injurias, y "efectuar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad", en un plazo de 6 meses.

El delito de calumnias e injurias fue derogado en noviembre último.

Fuentes: Urgente 24, La Nación, Página 12, Clarín del 12 de febrero de 2010.