El precio del silencio

Informe sobre libertad de expresión

Fondos para publicidad del Estado que se reparten de forma arbitraria con el fin de premiar coberturas favorables y castigar las críticas, contratos de pago directo a periodistas, o llamadas a editores de parte de funcionarios molestos por la difusión de una noticia son prácticas que limitan la libertad de expresión y que se ejecutan tras bambalinas.
"Hasta hace unos años predominaban las interferencias graves, como la persecución, la censura directa o el asesinato de periodistas. Ahora esas formas están en retirada, afortunadamente, y afloran otras menos ostensibles, pero igualmente dañinas", dijo a IPS la directora del programa de libertad de expresión de la ADC, Eleonora Rabinovich. Esas prácticas, que conforman "patrones recurrentes" de intromisión, fueron documentadas en el informe "El precio del silencio. Uso y abuso de la publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina", presentado en Buenos Aires el 14 de agosto. La investigación, efectuada en Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Honduras, Perú y Uruguay estuvo a cargo de la ADC (Asociación por los Derechos Civiles, de Argentina) y de la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta, con sede en Nueva York, con apoyo de otras entidades de los países involucrados.
La investigación, que también alude a situaciones vividas en México, Guyana, Paraguay y Nicaragua, denuncia que "muchos gobiernos de la región utilizan sistemáticamente contratos publicitarios para recompensar o castigar a medios por sus contenidos" y remarca que quienes lo hacen "raramente están infringiendo leyes". Este es otro aspecto que subraya el estudio: el manejo discrecional de recursos para estos fines prospera gracias a un vacío legal. De los siete países estudiados, sólo Perú sancionó una ley de manejo de publicidad oficial en 2006, pero los autores del trabajo señalan que no está reglamentada y resulta inefectiva. "No hay normas que prohíban específicamente la discriminación" en el reparto de publicidad oficial, dicen. "Los marcos jurídicos existentes son insuficientes e inadecuados", según el informe, y el abuso se incrementa por la centralización en la toma de decisiones relacionadas con estos temas.
Con respecto a Argentina, el informe señala el hecho de que periodistas son tentados con el dinero de la publicidad estatal: "El gobierno nacional suele hacer pagos generosos en concepto de publicidad a periodistas de medios gráficos nacionales influyentes que tienen programas de radio o televisión por cable con bajos niveles de audiencia". Un periodista del diario La Nación reveló que fue sondeado para saber si tenía un programa donde pautar publicidad. "El gobierno nacional abusa sistemáticamente de sus facultades en materia de publicidad oficial y asignación excesiva de pauta a medios afines", remarca el informe, aludiendo a Argentina.
La investigación subraya asimismo situaciones de asignación discriminatoria de publicidad a medios favoritos. Página/12, con una tirada restringida pero cercano a las ideas del gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), recibió muchos más anuncios estatales que otros periódicos de mayor circulación. Mientras, el periódico Perfil y la revista Noticias, críticos de esa administración, no reciben ninguna publicidad oficial. Por esta presunta discriminación, el grupo Perfil, casa editora del periódico homónimo y de Noticias, inició una querella judicial contra el gobierno. El fallo en primera instancia no fue favorable a la demandante, por falta de una ley específica, pero fue apelado.
Los autores recomiendan que los gobiernos "se comprometan públicamente" a no usar la publicidad como instrumento para interferir con la libertad de expresión, que adopten leyes claras y específicas, que eviten concentrar las decisiones en un funcionario, y que no usen el dinero destinado a anuncios con fines electorales, entre otros consejos.
(Fuente: "Cuánto cuesta cerrar el pico" / por Marcela Valente. IPS, 13 de agosto 2008).