Un grupo selecto de expertos de América Latina, hizo hoy la entrega formal a la OEA de la propuesta de una ley modelo sobre acceso a la información pública para todo el continente americano, con vistas a su aprobación final en junio.
Una vez aceptado, supone el compromiso de los países miembros de impulsar leyes a este respecto, en caso de no haya legislación o que estén por debajo de la ley modelo.
El documento establece que un nuevo régimen de acceso a la información pública supone el principio de “máxima publicidad”, en el cual es accesible cualquier información en posesión, custodia o control de las autoridades públicas. Las legislaciones que se implementen en los países del continente americano deben hacer sujetos obligados a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a la estructura federal, regional, provincial o municipal; y extensiva a organizaciones privadas que reciben fondos públicos sustanciales o desempeñan servicios públicos.
La propuesta establece que la sociedad tiene derecho a que la información que obra en poder de la autoridad pública se proporcione de forma expedita, las solicitudes sean gratuitas, anónimas y sin necesidad de justificación. En los casos en que la situación económica de los solicitantes sea de pobreza, no se deberá cobrar por reproducción o envío; y se podrá apelar si la información no es entregada.
La información que maneja el gobierno es pública por definición, pero reservada solo por excepción.
Las excepciones deben quedar claramente establecidas y sólo deberán aplicarse en dos supuestos: cuando se dañen derechos privados (a la vida, a la privacidad, a la salud, a la seguridad, los intereses comerciales y económicos legítimos y la propiedad intelectual); y cuando se afecten derechos públicos (la seguridad, la defensa nacional, las relaciones internacionales y el manejo de la economía, entre otros).
Las excepciones deben quedar claramente establecidas y sólo deberán aplicarse en dos supuestos: cuando se dañen derechos privados (a la vida, a la privacidad, a la salud, a la seguridad, los intereses comerciales y económicos legítimos y la propiedad intelectual); y cuando se afecten derechos públicos (la seguridad, la defensa nacional, las relaciones internacionales y el manejo de la economía, entre otros).
No aplican las excepciones en los casos en los en que el interés público es mayor que el daño causado al interés protegido, como en casos de violaciones graves de los derechos humanos fundamentales o delitos de lesa humanidad.
La Ley Modelo establece que se deberán llevar a cabo tareas de promoción del acceso a la información gubernamental mediante el monitoreo que el poder legislativo haga de la operación de la ley, a través de capacitación a las autoridades y a los solicitantes de información, y como parte de los sistemas de educación básica.
Queda ahora en manos de los países miembros de la OEA la aceptación de esta Ley Modelo, y la promoción política que haga realidad que todos los países del continente americano tengan una ley de acceso a la información pública.
Amén.
Amén.
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